El gobierno aprobó este mes la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP) instituyendo el cuarto poder del Estado. La constitución de este órgano, conformado por el Tribunal Supremo Electoral, Los Tribunales Electorales Departamentales, los juzgados Electorales, los Jurados de Mesas de Sufragio y los Notarios Electorales, nació en medio de unas intensas y largas discusiones parlamentarias, en las que finalmente se acordó suprimir los artículos referidos a las “Atribuciones Respecto a la Democracia Comunitaria” con el objetivo que queden recogidas en la Ley del Régimen Electoral.
Dos hechos han variado la institucionalidad de Bolivia: la promulgación de la Ley anticorrupción, que rompe con la idea del Estado como fuente de enriquecimiento personal; y, la celebración de las elecciones departamentales (y locales), que ponen de relieve un estancamiento del MAS a nivel Departamental y un retroceso a nivel local. Ambos hechos confirman al partido oficialista como sujeto clava para la transformación institucional a la vez que le requieren una profundización de la revolución cultural y democrática a nivel local.
Los sondeos le otorgaban una intención de voto del 57%; las primeras encuestas a pie de urna le daban hasta un 60%; pero la realidad supera la ficción y el binomio Morales-Linera llegó a obtener hasta un 64,22% de los votos, renovando la presidencia de Bolivia y obteniendo los dos tercios necesarios para profundizar el proceso de cambio.
Luego de la tormenta calma, después de casi 2 años de intensa disputa política en todos los niveles (con quiebres políticos, intentos de golpe y masacres indígenas), la dinámica política interna parece aquietarse.La derecha boliviana intentó no seguir el camino de su par venezolana, la que según su propio análisis, tardó demasiado tiempo en reaccionar permitiendo con ello que Chávez consolidara su posición.
El 9 de abril, el congreso peruano aprobaba un paquete de mesuras que avanzaban hacia una privatización de la Amazonía y desplegaban los primeros decretos aprobados en uso de las facultades que le atorgó el congreso en el marco del Tratado de libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. Ante este hecho, las comunidades originarias de la Amazonía peruana iniciaban las primeras movilizaciones cortando carreteras, puentes y un aeródromo.
El mes de abril se abrió políticamente con la declaración del primer mandatario boliviano, conjuntamente con otros líderes sociales y comunitarios, en huelga de hambre. La razón: presionar a la derecha para que no alargaran el proceso de aprobación de la Ley Electoral en el Congreso, cámara donde estos poseen mayoría. Morales calificó a la huelga como “histórica” y “en defensa de la democracia y respeto a la Constitución” y ciertamente lo es. Es un hito porque es la primera vez que el presidente de un país inicia una huelga de hambre para presionar políticamente a la oposición, pero lo es también porque con este acto, Morales se mostraba a los movimientos populares como su mayor garante, encarnando su posicionamiento político y utilizando los métodos de éstos fiel a sus raíces de dirigente cocalero.
A tres años de la llegada al poder del primer presidente indígena de Bolivia, el pasado 25 de enero 2.064.397 voluntades manifestaron su apoyo al nuevo texto constitucional. En la misma jornada, la población dictaminó que el máximo de hectáreas de tenencia fuese de cinco mil.
"El Estado colonial murió. Está naciendo el nuevo Estado plurinacional, autonómico y solidario". Tras estas palabras, Evo Morales, el presidente electo por el 64% de los bolivianos tomaba el poder. La toma de posesión estuvo repleta de nuevas representaciones que escenificaban la puesta en marcha de la refundación de la República: las imágenes de Tupac Katari y Bartolina Sisa presidian el palacio Quemado; Evo juró su cargo ante todos los libertadores y ante el pueblo Boliviano (y no ante Dios como era tradición) y se comprometió a profundizar la revolución cultural y democrática.
Unas doce candidaturas políticas presentaron sus candidaturas a la Corte Nacional Electoral (CNE) para participar a las elecciones a la presidencia de Bolivia.
Entre las de corte indigenísta, se sumará a la oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), una fórmula electoral integrada por destacadas personalidades del indigenísmo como el ex representante de Movimiento Indígena Pachacuti, El Maullku Felipe Quispe, el ex-líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Román Loayza o Alejo Véliz.
El 6 de diciembre se celebraran nuevas elecciones en la República de Bolivia. En dichos comicios, los bolivianos y las bolivianas están llamados a elegir el presidente y el vicepresidente del país y a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En estas elecciones, en que las encuestas otorgan la reelección de Morales hasta el 2015, se instaura por primera vez, un registro biométrico para que la ciudadanía boliviana pueda ejercer su voto.
El juicio contra el expresidentes Sánchez de Losada, sus ministros y cinco jefes militares por los hechos ocurridos en octubre del 2003, se iniciaron este mes. La fiscalía les acusa de genocidio en tipo de masacre sangrienta, de homicidio, de lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, allanamiento de domicilio, vejaciones y torturas, además de atentado contra la libertad de prensa, privación de libertad y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; delitos que no prescriben.
Santos Ramírez, quien fuera en otro momento miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la estatal compañía YPFB, ingresa como un detenido por "conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y, entre otros, asociación delictuosa" en la penitenciaría de San Pedro.
El ejecutivo boliviano encara el fin de año con la vista puesta en el referéndum popular que tiene que aprobar la nueva Carta magna el día 25 de enero del nuevo año. Después de un largo proceso deliberativo que se inició en agosto del 2006 y de la oposición frontal de la derecha que llegó al boicot e incluso al uso de la violencia, el texto fue aprobado por dos tercios en el Congreso Nacional y ya solo le queda la validación popular para que entre en vigor.
El gobierno aprobó este mes la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP) instituyendo el cuarto poder del Estado. La constitución de este órgano, conformado por el Tribunal Supremo Electoral, Los Tribunales Electorales Departamentales, los juzgados Electorales, los Jurados de Mesas de Sufragio y los Notarios Electorales, nació en medio de unas intensas y largas discusiones parlamentarias, en las que finalmente se acordó suprimir los artículos referidos a las “Atribuciones Respecto a la Democracia Comunitaria” con el objetivo que queden recogidas en la Ley del Régimen Electoral.
Dos hechos han variado la institucionalidad de Bolivia: la promulgación de la Ley anticorrupción, que rompe con la idea del Estado como fuente de enriquecimiento personal; y, la celebración de las elecciones departamentales (y locales), que ponen de relieve un estancamiento del MAS a nivel Departamental y un retroceso a nivel local. Ambos hechos confirman al partido oficialista como sujeto clava para la transformación institucional a la vez que le requieren una profundización de la revolución cultural y democrática a nivel local.
Los sondeos le otorgaban una intención de voto del 57%; las primeras encuestas a pie de urna le daban hasta un 60%; pero la realidad supera la ficción y el binomio Morales-Linera llegó a obtener hasta un 64,22% de los votos, renovando la presidencia de Bolivia y obteniendo los dos tercios necesarios para profundizar el proceso de cambio.
"El Estado colonial murió. Está naciendo el nuevo Estado plurinacional, autonómico y solidario". Tras estas palabras, Evo Morales, el presidente electo por el 64% de los bolivianos tomaba el poder. La toma de posesión estuvo repleta de nuevas representaciones que escenificaban la puesta en marcha de la refundación de la República: las imágenes de Tupac Katari y Bartolina Sisa presidian el palacio Quemado; Evo juró su cargo ante todos los libertadores y ante el pueblo Boliviano (y no ante Dios como era tradición) y se comprometió a profundizar la revolución cultural y democrática.
Unas doce candidaturas políticas presentaron sus candidaturas a la Corte Nacional Electoral (CNE) para participar a las elecciones a la presidencia de Bolivia.
