|
 El gobierno aprobó este mes la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP) instituyendo el cuarto poder del Estado. La constitución de este órgano, conformado por el Tribunal Supremo Electoral, Los Tribunales Electorales Departamentales, los juzgados Electorales, los Jurados de Mesas de Sufragio y los Notarios Electorales, nació en medio de unas intensas y largas discusiones parlamentarias, en las que finalmente se acordó suprimir los artículos referidos a las “Atribuciones Respecto a la Democracia Comunitaria” con el objetivo que queden recogidas en la Ley del Régimen Electoral.
Y es que el actual principal conflicto del gobierno transita por la descentralización y la atribución de competencias a los pueblos originarios.
Algunos sectores observan que el desarrollo del OEP puede entrar en contradicción con algunos de los artículos constitucionales, limitando la participación de los pueblos originarios. En su Artículo 6 la LOEP señala por ejemplo que son competencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) la “supervisión de los procesos de consulta previa y la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos” hecho que podría vulnerar el derecho de los pueblos originarios a ser consultados constitucionalmente reconocido en el artículo 30 de la carta magna, i también en el artículo 352, donde se refiere a la necesidad de consulta de los habitantes de la zona cuando se deba realizar proyectos extractivos. Según el Vicepresidente García Linera, el gobierno quiere explotar los recursos de la zona para “construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente” pero “algunas ONG’s de Estados Unidos y Europa, estarían movilizando las comunidades para frenar el desarrollo del proyecto”, según el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez. En palabras de éste, la nueva Ley intenta acabar con las mal interpretaciones que podrían derivarse de la Constitución y por tanto, intenta evitar que en su desarrollo exista un grado de arbitrariedad: “Por el mal manejo que se ha hecho de la consulta, se deben cerrar esos canales y se instaurará un procedimiento de consulta previa a los pueblos basada en el marco de la democracia comunitaria”
Como decíamos, el desarrollo de la LOEP ha generado cierta controversia dentro del movimiento originario. Tras anunciar una movilización que garantizase su derecho a ser consultados y a participar activamente en la construcción del proceso de cambio. El gobierno empezó entonces las negociaciones con las organizaciones para explicar los fundamentos de la propuesta. Tras la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG) del día 15 de junio, esta anunció que finalmente no secundará la marcha para presionar al gobierno para que profundice la descentralización autonómica. El anuncio se realizó tras la serie de reuniones que mantuvieron los representantes de APG con Carlos Romero, ministro de Autonomías, en las que se acordó el desarrollo gradual del proceso de asunción de autonomías hacia las comunidades originarias, proceso que seguirá APG a través de un delegado técnico.
En el momento del cierre de edición, la CIDOB seguía manteniendo la convocatoria de movilizaciones, por lo que empieza a temerse una fractura dentro del movimiento de los pueblos originarios.
César Navarro, que asumió como Viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, declaraba que "Es importante comprender que cada uno de los movimientos que se van presentando en cada una de las coyunturas tiene sus propias peculiaridades y por ello vamos a desarrollar una relación directa de conversación porque este es un gobierno de los movimientos sociales, de los indígenas, de los campesinos, intelectuales, de los obreros, de los profesionales"; mientras que por su parte, el ministro de Autonomías Carlos Romero, acusó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de estar financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles) y tener como objetivo impulsar una movilización indígena contra el Gobierno con reivindicaciones "irracionales e inconstitucionales". Según este, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CEPILAP), vinculada orgánicamente con la CIDOB y financiada por USAID, sería la organización "más radical" en la defensa de esos planteamientos.
Incidentes en Sucre por el cambio de gobierno municipal
A nivel local, la toma de posesión de la nueva alcaldesa de Sucre, Veronica Berríos del MAS, también generó un estadillo de protesta social. Recordemos que la asunción de Berríos se produjo después que la Fiscalía del distrito de Chuquisaca presentó una acusación formal contra el ex alcalde Barrón, de Pacto de Integración Social (País) además de la ex prefecta Savina Cuéllar, la ex alcaldesa Aydeé Nava, el ex cívico Jhon Cava y el ex concejal Fidel Herrera, por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas, fabricación y comercio de sustancias explosivas, lesiones graves y leves, privación de libertad, amenazas, vejaciones y torturas.
Cuando el presidente de la institución, Domingo Martínez, del Movimiento al Socialismo, declaró de acuerdo al artículo 46 de la Ley de municipalidades, la suspensión de Barrón, los opositores de PAIS denunciaron que se estaba presentando un recurso de inconstitucional para detener la suspensión, al que se debía de esperar. Como los hasta el momento oposiciones proseguían con el orden del día, se lanzaron, entre medio de insultos y agresiones, en búsqueda de que se suspendiese la sesión. En medio del caos los concejales del MAS fueron a la sala de al lado donde se posesiono a la nueva alcaldesa. Al salir de la sesión, los concejales masistas tuvieron que ir acompañados de dos patrullas policiales en medio de las piedras que eran lanzadas por los seguidores de Barrón. La tensión se traslado a la calle sucediéndose violentas confrontaciones entre manifestantes y policía De las resultas de la confrontación hay al mínimo una quincena de detenidos y varios heridos, entre los que se cuentan siete policías, dos periodistas y dos camarógrafos de la Red Erbol. A pesar de los bochornosos incidentes, la alcaldesa declaró que no entendía mucho la reacción de PAIS y sus seguidores puesto que “Simplemente asumo un interinato. Y si Jaime Barrón renuncia, también estará expedito el camino para que él o PAIS pueda poner a otro candidato (para nuevas elecciones). Quiero desmentir que somos los golpistas. Eso no es cierto, sólo cumplimos la ley. Son probablemente tres meses. Es tan efímero este tiempo, sólo quiero trabajar”. |
