Después de la institucionalización de los golpistas en Honduras pareciera que las fuerzas reaccionarias de America Latina hubieran tomado nota de la estrategia a seguir.
La actualidad ecuatoriana ha estado marcada en los últimos meses por su carácter internacional. La visita de Hilary Clinton a Quito puso de relieve la buena sintonía que existen entre ambos gobiernos, mientras que las elecciones colombianas parecieran marcar un punto de inflexión –por lo menos en el plano discursivo- con el continuista Santos.
La iniciativa que preveía dejar bajo tierra de la selva ecuatoriana más de 846 millones de crudo a cambio de vender en el mercado internacional-sobretodo a los países del capitalismo central- bonos de compensación por las emisiones de CO2, se queda sin equipo después de la renuncia del canciller Falconí y los miembros del equipo negociador (Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse).
Las calles ecuatorianas tienen después de este setiembre sus baldosas más desgastadas que nunca, quizás como el mismo presidente Correa. Durante este mes, los maestros y posteriormente los pueblos originarios no solamente han logrado alzar movilizaciones muy significativas a lo largo y ancho del país, sinó que han sido capaces de hacerlas confluir, debilitando la imagen del presidente como correa de transmisión entre los sectores populares y las políticas públicas y desterrando la imagen del oasis ecuatoriano.
Tras algunas semanas de calma, los medios de comunicación vuelven a apuntar una supuesta relación entre el efectivo ecuatoriana y la guerrilla colombiana.
Después de que se confirmara la existencia de crudo bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní -una de las reservas más importantes de biodiversidad en el planeta- el Presidente Rafael Correa presentó la decisión de mantener el oro negro indefinidamente bajo tierra, priorizando los valores sociales y ambientales y explorando otras formas de beneficiar económicamente al país, siempre que la comunidad internacional compense al país con más de la mitad de las rentas que obtendría de dicha explotación.
Las próximas elecciones presidenciales de abril serán, para el presidente Correa, no sólo el momento de ratificar el apoyo de los ecuatorianos a su gestión, sino también, un momento clave para dimensionar hasta donde su gobernabilidad se puede ver afectada por lo que algunos ya caracterizan como una política anti movimientos sociales.
Después de la ruptura del diálogo entre las organizaciones indígenas y el presidente ecuatoriano, el pulso entre la CONAIE y el gobierno siguió escribiéndose este mes de marzo.
El presidente de Ecuador cerrará el final de año con un índice de movilizaciones sostenido que, des del pasado octubre, cuestiona su relación con los movimientos indígenas y con el sector educativo. A los problemas derivados de los cortes continuados en el suministro de luz, el mandatario tendrá que dar respuesta a las demandas de los pueblos originarios -fragmentados- y rebajar la confrontación con estudiantes y profesores.
Después que el gobierno presentara su proyecto de avaluar los profesores públicos y que más de 2.500 siguieran el llamado de la UNE de no presentarse a la prueba, el pulso entre el gobierno y el sindicato de profesores y estudiantes sigue.
El canciller ecuatoriano, Fander Falconi, declaraba a mediados de este mes la voluntad de Ecuador de ingresar a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).
Después de la celebración de los comicios presidenciales, Rafael Correa ha sido reelegido presidente de la República de Ecuador por casi un 52% de la ciudadanía, por encima del ex presidente Lucio Gutiérrez, quién obtuvo el 28,24% de los votos. El empresario Álvaro Noboa obtuvo un 11,44% de las votaciones y la asambleísta constituyente, Martha Roldós, obtuvo el 4,34% de los votos emitidos.
Al igual que en Brasil, el Presidente Rafael Correa goza, como lo demuestra la pasada aprobación de la Constitución Ecuatoriana, de un apoyo electoral sólido. Sin embargo, a diferencia de su homologo, el presidente Lula, Correa se enfrenta a un ambiente político en el cual la relación de su gobierno con los movimientos sociales no es solo mala, sino abiertamente hostil.
Después de la institucionalización de los golpistas en Honduras pareciera que las fuerzas reaccionarias de America Latina hubieran tomado nota de la estrategia a seguir.
La actualidad ecuatoriana ha estado marcada en los últimos meses por su carácter internacional. La visita de Hilary Clinton a Quito puso de relieve la buena sintonía que existen entre ambos gobiernos, mientras que las elecciones colombianas parecieran marcar un punto de inflexión –por lo menos en el plano discursivo- con el continuista Santos.
La iniciativa que preveía dejar bajo tierra de la selva ecuatoriana más de 846 millones de crudo a cambio de vender en el mercado internacional-sobretodo a los países del capitalismo central- bonos de compensación por las emisiones de CO2, se queda sin equipo después de la renuncia del canciller Falconí y los miembros del equipo negociador (Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse).
Las calles ecuatorianas tienen después de este setiembre sus baldosas más desgastadas que nunca, quizás como el mismo presidente Correa. Durante este mes, los maestros y posteriormente los pueblos originarios no solamente han logrado alzar movilizaciones muy significativas a lo largo y ancho del país, sinó que han sido capaces de hacerlas confluir, debilitando la imagen del presidente como correa de transmisión entre los sectores populares y las políticas públicas y desterrando la imagen del oasis ecuatoriano.
Tras algunas semanas de calma, los medios de comunicación vuelven a apuntar una supuesta relación entre el efectivo ecuatoriana y la guerrilla colombiana.
Después de la ruptura del diálogo entre las organizaciones indígenas y el presidente ecuatoriano, el pulso entre la CONAIE y el gobierno siguió escribiéndose este mes de marzo.
El presidente de Ecuador cerrará el final de año con un índice de movilizaciones sostenido que, des del pasado octubre, cuestiona su relación con los movimientos indígenas y con el sector educativo. A los problemas derivados de los cortes continuados en el suministro de luz, el mandatario tendrá que dar respuesta a las demandas de los pueblos originarios -fragmentados- y rebajar la confrontación con estudiantes y profesores.
