El 6 de diciembre se celebraran nuevas elecciones en la República de Bolivia. En dichos comicios, los bolivianos y las bolivianas están llamados a elegir el presidente y el vicepresidente del país y a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En estas elecciones, en que las encuestas otorgan la reelección de Morales hasta el 2015, se instaura por primera vez, un registro biométrico para que la ciudadanía boliviana pueda ejercer su voto.

Con la inscripción del presidente Evo Morales, a final de este mes, se iniciaba el proceso de inscripción que tienen que registrar al conjunto de la población antes del 15 de octubre. El mandatario que señaló el alto sentimiento democrático del pueblo boliviano, que llevó a participar a más del 90 por ciento de la población, en contra de lo que pasa en otros países en que participa menos del 50 por ciento de la población, declaró que el registro biométrico no es sólo una “obligación de todos los bolivianos registrarnos y también un derecho".

Para facilitar el proceso de empadronamiento electoral y según informó Pereira, coordinador nacional del padrón biométrico, "a partir del 5 de agosto, se iniciarán los recorridos de las 529 brigadas móviles a un total de dos mil 700 localidades del área dispersa (todas ellas con menos de  mil personas en edad de votar"

Censo en el exterior

Tal i como establece la Constitución Política del Estado, en su artículo 27º, la ciudadanía boliviana mayor de 18 años residentes en el exterior del país tiene derecho a participar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente del Estado y en referendos de carácter nacional, previo registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral.

No obstante, y a causa de las presiones opositoras, los derechos de los “exiliados económicos” se verán restringidos en tres sentidos: En primer lugar, la oposición consideraba que el gobierno utilizaría sus embajadas y consulados para hacer proselitismo oficialista por lo que finalmente se aprobó a modo de prueba piloto, que restringe la participación al 6% de la ciudadanía boliviana residente en el exterior. En consecuencia y en uso de sus atribuciones, la Corte Nacional Electoral ha determinado que el voto de bolivianos/as en el exterior se realice en diez ciudades de cuatro países: En Buenos Aires, Jujuy y Mendoza en Argentina; Sao Paolo de Brasil; Virginia, Maryland y Nueva York de Estados Unidos; y Madrid, Valencia y Barcelona del Estado Español.

A demás de la restricción de la participación a un universo del 6% de la población total de bolivianos migrados y a la territorialización en diez ciudades del mundo, los bolivian@s residentes en el exterior sólo votarán por Presidente y Vicepresidente de la República, y no podrán hacerlo por los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni opinar en el referéndum sobre si sus territorios de origen deben acogerse a las autonomías comunitarias.

Realmente, el proceso de registro biométrico, que comporta añadir al proceso electoral otro proceso de empadronamiento; y las restricciones existentes para los bolivianos residentes en el exterior son muy elevados. No obstante, lo que está en jugo detrás de estos comicios es un referéndum sobre si los bolivianos residentes en el exterior quieren/deben seguir participando en la política de su país de origen. Si el resultado del empadronamiento no llega a un quórum realmente significativo, la derecha dará un paso afirmativo en la eliminación del derecho a voto del colectivo migrado. Si por el contrario, el número de empadronamientos asciende a un porcentaje relevante de la población residente de dichas ciudades, los migrantes bolivianos darán un paso significativo en su derecho de sufragio, independientemente de su afiliación partidista.

El petróleo y el enfrentamiento de pueblos originarios

Dirigentes Indígenas y el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE), denunciaron a principios de mes, el inicio de la segunda fase del proyecto petrolero Lliquimuni en el territorio del Mosetén Boliviano. Según parece, la empresa la empresa estadounidense Geokinetics -contratada por Petroandina SAM- habría empezado los trabajos sísmicos dentro de territorio indígena, a pesar de las declaraciones en sentido contrario del ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca.

En este punto, los habitantes de la zona habrían detenido de  manera pacifica los vehículos de la empresa para llamar la atención del gobierno y los medios de comunicación sobre la falta de consulta del ministerio a la comunidad. No obstante, según parece el cacique de la comunidad Mosetén de Covendo habría firmado un acta de aceptación de los trabajos exploratorios, rompiendo la estructura orgánica de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén. Por esa razón, se habría  trasladado a la comunidad de Simay para hostigar a sus moradores y exigir la devolución de los vehículos tomados a la empresa. Después de momentos de tensión, en que se también se tomaron vehículos del FOBOMADE, los indígenas de Simay y dirigentes de la comunidad de Tucupí desistieron de su empeño evitando un baño de sangre.

Con el objetivo de frenar el conflicto, FODOMADE ha pedido la mediación del presidente Morales al que demandan que realice actuaciones que eviten el soborno de dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas por parte de instituciones y multinacionales, y frenar así el avasallamiento al que se encuentran sometidas.

Luis Arce “ministro de la cocaína”, en prisión de Máxima seguridad

El 18 de julio de 1980, la que fuera entonces presidenta del país, Lidia Gueiler, era apartada de su cargo democráticamente elegido por la fuerza de las armas. Con el tiempo se descubrió que el que fuera ministro de interior de facto de Luis García Mesa, Luis Arce, quién recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, fue el responsable de organizar los grupos paramilitares que asesinaron, entre otros, a los dirigentes socialistas Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura en el asalto a la Central Obrera Boliviana, o al padre Luis Espinal. Tenía la tarea de llevar a cabo la “Reconstrucción Nacional” y por eso recordaba que comunistas y socialistas “deben andar con el testamiento bajo el brazo”.

El coronel Arce, en prisión estadounidense debido a sus actividades de narcotráfico –delito que popularizó su apodo de “ministro de la cocaína”, llega después de cumplir condena a territorio boliviano donde fue condenado en 1993, por la Corte de Justicia a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por alzamiento armado y organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa y asesinato de líderes populares. La expectación ha sido notable ya que en el año 2000 declaró en territorio estadounidense ante el juez Alberto Costa “Yo sé todo. Quiénes son los culpables, pero lo diré cuando esté en Bolivia, no aquí en EEUU".