El proceso de democratización que vive el pueblo boliviano vive otro hito histórico: la elección democrática y popular de los cuatro de los tribunales más significativos del poder judicial.

Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) asumió el poder en medio de la inviabilidad del proyecto cuasi feudal de la burguesía boliviana, en el que no solo el escenario político, sino también el sistema económico se encontraban en un callejón sin salida, abocando a millones de bolivianos a una falta de futuro, lo hizo con el mandato de realizar un cambio profundo que desarraigase a los bolivianos de las estructuras del colonialismo y redujera los niveles de desigualdad de las condiciones de vida en que se encontraban sus ciudadanos.

Y sin duda alguna, el elemento que marca la continuación entre todos estos años de avance popular es sin duda alguna, la profundización democrática. Después de abrir el juego del poder legislativo fomentando entre otras medidas, la participación del pueblo en la elaboración, discusión y aprobación de las propuestas constitucionales; de dirigir la acción ejecutiva hacia la mejora de las condiciones de vida de los excluidos (Bono dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla, o Bono Juancito Pinto, que transfieren rentas del presupuesto público hacia ancianos, embarazadas, escolares, respectivamente) y condicionar dichas transferencias a la mejora de los servicios de salud o educación que reciben dichas personas; de profundizar el control popular sobre las autoridades públicas, con la convocatorias de referéndums revocatorios más allá de períodos electorales; de la realización de sesiones de control por parte de los movimientos sociales; y de reconocer e impulsar el ejercicio de autodeterminación de los pueblos originarios; Bolivia sorprendía al mundo iniciando un proceso de democratización del poder judicial.

¿Se imaginan un proceso similar en los países del capitalismo central? Por si la fuerza de las ideas fuera capaz de transformar la realidad, los medios reaccionaron de inmediato: silencio “al norte”, ataque “al sur”. Los voceros de las burguesías centrales no escribieron ni una sola palabra del proceso de democratización de uno de los poderes del estado más corporativista, oscuro y politizado del “estado democrático-social”. En los países periféricos del área latinoamericana, se aprovechó el proceso de transformación del poder judicial boliviano para atacar a su gobierno y salir en defensa de la independencia de la magistratura. Si bien hace tiempo que los liberales de pro abandonaron la máxima de la “mano invisible” de Adam Smith –falseada por la realidad de nuestros días- ahorra se aferran a la separación de poderes de Montesquieu, desconociendo que en los regímenes liberal-democráticos el poder judicial “independiente” es elegido de acuerdo a los equilibrios del parlamento. ¿Así, a qué se refiere la derecha boliviana cuando habla de que el proceso de elección democrático que propone el MAS atenta contra la independencia del poder? ¿La elección de los magistrados por parte de la ciudadanía no es acaso un mecanismo que garantiza más la independencia del órgano judicial que su elección por parte de los partidos que lo hacen en base a sus intereses corporativos?

Otro de los argumentos empleados para frenar el proceso ha sido levantar la bandera del “saber”. Obviamente el argumento es una tautología incontestable, porque si el saber es una condición sine quanum para estar en cualquiera de los poderes del estado, entonces solamente accederán a este aquellos que hayan realizado una carrera académica y serán indudablemente, los que tengan unas condiciones materiales que les posibiliten dedicarse un mínimo de veinticinco años a su desarrollo técnico-intelectual. Así mismo, el acceso a estos cargos por parte de las familias más notables supone que estas actúen de acuerdo a su visión del mundo, y que por lo tanto, no faciliten el acceso de las personas de estratos más populares (rompiendo el principio weberiano de la meritocrácia como principio de funcionamiento de la función pública).

No obstante, el MAS ya ha combatido en la práctica esta falacia. Des de su llegada al poder han sido varias las personas analfabetas que han ocupado cargos de responsabilidad a pesar de no tener una enseñanza elemental, gestiones que han demostrando que la falta de un determinado conocimiento técnico no son obstáculo para desempeñar una labor política en clave de transformación. Por lo tanto, lo exigible a los representantes del pueblo (sea para el poder del estado que sea) es que tengan claridad sobre el horizonte político que propugnan, y es precisamente este proyecto el que debe dar sentido a la autodeterminación de las colectividades. Y es que la autodeterminación es un proceso de decisión directa más o menos intermitente -y esta sí que es una variable influyente sobre el carácter democrático del sistema, ya que en el trasfondo de la cuestión se refiere a cuantas decisiones son emprendidas con un carácter delegativo y cuantas lo son con un carácter directo- donde la decisión no debe mezclarse con la ejecución. Distinguiendo ambos términos, la sociedad instituyente, donde el demos toma las decisiones (profundización democrática), se acompaña por una avaluación y programación técnica (que corresponderá a los operadores públicos). Estos tienen la obligación de retornar el saber social que en ellos ha estado depositado, ocultar su responsabilidad de traducir y viabilizar las demandas democráticas, es proclamar que la democracia solamente puede estar en manos de unos pocos.

A pesar de lo expuesto, la democratización del aparato judicial propuesto por el MAS no es tan profundo. El proyecto establece que la elección popular de los magistrados venga previa “pre-selección” de la Asamblea Legislativa, y por lo tanto el derecho de elegibilidad queda restringido a la meritocracia. No obstante, una vez seleccionadas las candidaturas, estas no podrán realizar campañas de propaganda a su favor y los méritos de las candidaturas serán publicitados por el Órgano electoral. Este condicionante eliminará la incursión de personas “externas” a la judicatura que operen en contra de la independencia del órgano y en su propio interés, a la vez que evitará que las diferencias de presupuesto entre ambas influyan en su elegibilidad.

En resumen, la elección popular de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, representan un elemento de profundización democrática ÚNICA en el mundo, y más allá de desplegar los principios recogidos en la Constitución del Estado, impide (o atenta, según se mire) que el poder judicial del estado Boliviano sea permeable al tráfico de influencias, rompiendo la dinámica histórica de los países liberal-democráticos.