El gobierno de Evo Morales asume la conducción del país después de un proceso de lucha social,y de desestabilización, de más de 5 años. Entre el 2000 y el 2006 se tumbaron varios gobiernos, y se generó una crisis total del sistema político. Este proceso abrió las puertas a la llegada al poder de nuevos actores que, vinculados a reivindicaciones históricas, consiguen imponerse holgadamente en las elecciones presidenciales de finales del 2005.
Las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales se construyen por lo tanto, sobre la base de una alianza para un cambio histórico del país. La llegada de un indígena a la presidencia de Bolivia no sólo es un gesto simbólico, sino esencialmente político, ya que con Evo Morales los movimientos sociales sienten que es uno de ellos el que conduce el país.
Lo anterior, no quiere decir de que esta alianza sea total, o incluso que sea inquebrantable. El nivel de articulación de los movimientos sociales en Bolivia es superior al de otros países en el continente. Pero igualmente, es muy importante su nivel de dispersión. Los liderazgos sociales, luego de 2 años de gobierno siguen pugnando por la solución de sus problemas sectoriales, presionando al gobierno por respuestas más profundas y radicales.
Los enfrentamientos entre movimientos mineros muestran claramente estas disputas. También existen movimientos vinculados a tradiciones políticas como el trotskismo, que continúan planteando su desacuerdo con las formas y el contenido de las gestiones políticas del gobierno de Evo.
Pero sin duda lo que marca el presente año es la emergencia de movilizaciones sociales encabezadas por la derecha. Aprovechando las convocatorias a procesos electorales, y particularmente, el llamado a los ilegales referendos autonómicos, quedó en evidencia que la derecha ha movilizado muchos recursos materiales (desde dentro y desde fuera de Bolivia) con el fin de dotarse de condiciones mínimas para desarrollar la lucha callejera sobretodo en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni. La hoy llamada Media Luna.
El gobierno de Evo Morales se encuentra en una situación de tensión con tres frentes sociales muy característicos.
Por un lado los sectores sociales, sobretodo los vinculados a la administración pública (profesores, trabajadores de minas del Estado) bajo influencia trotskista. Por otro, los sectores afines al gobierno, pero que presionan por respuestas más inmediatas a sus reivindicaciones sectoriales. Y por último, los movimientos sociales de derecha (los comités cívicos y otros) que constituyen la punta de lanza con la que los partidos de derecha pretenden desestabilizar al gobierno.
En este cuadro, el resultado obtenido en el referéndum por Evo Morales es, sin duda, ilustrador de cómo se han comportado estos movimientos. La victoria, por más de 67%,de Evo refleja que su proyecto histórico de transformación reúne, un apoyo transversal que va mucho más allá de lo que diga una determinada dirigencia social.
En el actual contexto de relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales, la masacre de Pando, el 11 de septiembre, marca un nuevo hito en el actual proceso de revolución democrática. La estrategia del gobierno de avanzar sin aplastar, pese a contar con apoyo masivo nacional, y hasta algún punto, internacional, implica actuar sobre los errores de los enemigos del proceso.
Una situación que presupone caminar por una línea muy fina entre las capacidades reales de ejercer el poder legítimamente entregado por el pueblo a través de los votos (por ejemplo movilizar a las FF.AA.), y las capacidades de movilización y desborde presentes en la multiplicidad de organizaciones campesinas dispuestas al enfrentamiento para la defensa de un proceso que asumen como propio.
Los sectores sociales vinculados al Trotskismo
Mientras el gobierno pretendía impulsar un frente conjunto para enfrentar y derrotar a la derecha a través del referendo revocatorio, la COB llamada a mineros y profesores a manifestarse en las calles de la Paz.
Los sectores más radicales de la COB, postulan querer destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores. "Ni Evo, ni la oligarquía" es su consigna, pergeñada en el documento político de la Central Obrera de Oruro y que, hoy, motoriza demostraciones de fuerza contra el gobierno indígena y campesino.
Sin embargo, el resultado del masivo e incuestionable apoyo popular recibido por Evo en las pasadas votaciones probablemente pondrá en crisis las tesis más radicales que conducen estos actores sociales. Agudizar la lucha por sus demandas los llevaría a un conflicto con el gobierno que evidentemente favorecería a la derecha de la Media Luna.Solo les queda esperar.
Los movimientos sociales de apoyo a Evo
Este esta constituido por un amalgama de sectores históricos y nuevos. Por expresiones sociales del campo y de la ciudad. Y, como expresaron las cifras del referéndum, no deja de crecer en influencia, también, en los llamados sectores de la Media Luna.
El gobierno, a través de su estrategia de referendos escalonados, ha logrado alinear a buena parte de los sectores sociales que, en su dispersión, estaban empezando a generar una crítica más aguda de los resultados del gobierno de Evo.
Esas tensiones se reflejaron en la Asamblea Constituyente (2006-2007) en donde gobierno y asambleístas enfrentaron sus estrategias hasta llegar a un punto de desgaste y desconfianza mutuos.
Sin embargo, frente a la embestida de la derecha, el llamado del gobierno fue escuchado y además de sumarse a la votación, son los sectores sociales, esencialmente del movimiento campesino, los que le ha permitido al gobierno enfrentar a la derecha en su táctica de bloqueos de caminos y toma de instituciones públicas, recurriendo a las Fuerzas Armadas solo en casos puntuales como los de Pando(donde murieron 16 campesinos y cientos quedaron heridos).
Es esta, actualmente, la fuerza que sostiene sin condiciones, el esfuerzo de Evo, y constituye el sostén de su esfuerzo.
Sin embargo, la agudización de la lucha de la derecha, a través del bloqueo de caminos, podría generar ciertos desbordes incontrolados que podrían poner en cuestión la capacidad del gobierno para enfrentar a las fuerzas desestabilizadoras de la derecha. Así como también, podrán a prueba su capacidad de liderazgo frente a las organizaciones campesinas cada vez más cansadas
Los Cívicos
Los llamados cívicos constituyen sin duda una respuesta original de la derecha boliviana a las actuales dificultades encontradas a la hora de movilizar al ejército en la defensa de sus intereses.
Al igual que en Venezuela el objetivo de estos grupos es demostrar que los políticos derechistas que salen en televisión cuentan con un respaldo popular en las calles. Respaldo que se expresa en la capacidad de estos "cívicos" de ganar el control de calles, carreteras o edificios públicos, ya sea a partidarios del gobierno o incluso a efectivos de la policía y la Fuerzas Armadas.
Son grupos preparados y que cuentan con formación específica, recursos militares y económicos y con importantes apoyos de los movimientos de derecha de otros países del continente.
Luego de la doble derrota política sufrida primero con un intrascendente Referéndum Autonómico y, luego, con la victoria arrasadora de Evo en el Revocatorio, los tiempos políticos se han acortado y han optado por entrar, abiertamente, en una escalada golpista.
Y sus resultados se están dejando ver. El Gobierno perdió en dos semanas el control de al menos siete instituciones estatales y se instauraron 140 peajes en la "media luna", además de las tomas realizadas por cívicos y unionistas que demandan la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y rechazan la realización de los referendos aprobatorio y dirimitorio de la nueva Constitución.
Se trata de una acción de fuerza que busca provocar una reacción desmedida del gobierno, la cual a corto plazo permita instalar al movimiento como parte de un esfuerzo por terminar con la dictadura sanguinaria del "indio", como llaman a Evo.
Lo que es cierto, es que este hecho de fuerza pone a prueba la capacidad del gobierno de ejercer el control sobre su territorio, su capacidad de mando real de las Fuerzas Armadas, y su capacidad de mantener el liderazgo sobre los sectores sociales que se han movilizado en las calles en apoyo del gobierno.
Para la derecha, se trata, en un momento de debilidad, de pasar a la ofensiva. En una carrera contra el tiempo, la derecha debe, por todos los medios, frenar la aprobación de una Constitución que plantea como su tema central la propiedad de la tierra. El discurso autonomista-racista y la discusión sobre los impuestos son, en gran medida, una cortina de humo para esconder la real demanda de los latifundistas de las regiones orientales de Bolivia.
Para la derecha oligarca boliviana, la existencia de una reforma agraria cuestiona sus bases más profundas, no solo en términos económicos, sino que también ideológicos. Por lo tanto, la lucha desatada no puede sino ser abierta y despiadada.
