El país andino sigue materializando su proyecto de cambio. En el plano internacional, el gobierno de Evo Morales sigue dando pasos en la afirmación de su soberanía nacional con la expulsión de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y diversificando sus relaciones comerciales otros países de la región; y, en el plano interno, la implosión de la derecha genera un escenario óptimo para que el proyecto popular tenga mejores condiciones para gobernar y aprobar la Constitución Política del Estado el próximo 25 de enero.

 

El 17 de septiembre, el gobierno estadounidense anunció la inclusión de Bolivia en la lista de naciones que "han fracasado de manera comprobable" en los objetivos internacionales en la lucha contra la producción y el tráfico de substancias ilícitas. Bolivia pierde de este modo, los beneficios económicos acordados por el ATPDEA (Andean Trade Preferential and Drug Erradication Act), esto es un régimen de excepción comercial que permite a los países andinos exportar sus productos al mercado estadounidense sin gravámenes arancelarios, elemento que pretendía fomentar un desplazamiento de la producción de coca hacía otros productos, especialmente hacia el sector textil. Para garantizar la erradicación del cultivo de la hoja de coca, Estados Unidos a través de la agencia antidroga (DEA), destinó un equipo logístico completo que incluia 600 vehículos, helicópteros, armamento moderno como los fusiles M-16 y M-4 con mira telescópica de precisión y equipos técnicos que facilita el trabajo de los efectivos antinarcóticos. De igual forma, se dota la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico con tres aviones Hércules C-130 que son operados por efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), denominados "Diablos Negros".

La acción de la DEA ‘descertificando' Bolivia, está castigando a la administración de Morales por su política para la coca utilizando el poder que tiene sobre ese país a través de la ATPDEA, y amenaza un sector clave de la economía boliviana.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos respaldó la decisión del presidente Evo Morales de suspender de forma indefinida, las operaciones de la Agencia Antidroga de Estados Unidos y los miembros de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunieron en Cochabamba para discutir sobre la pérdida de esos beneficios arancelarios, la crisis financiera mundial, temas políticos y otros.

El trasfondo del conflicto con EE.UU. materializa en realidad, un cambio en el plano de las relaciones entre los gobiernos americanos y, más concretamente, el desplazamiento de la hegemonía y el arbitrio estadounidense hacia un modelo multinacional. En el caso conflicto boliviano con la DEA, y tal y como expresó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada "se está gestando un plan para reemplazar a la DEA por un organismo multinacional suramericano", y apuntó a Unasur como una alternativa. Así mismo y en el plano comercial, la pérdida de las preferencias arancelarías que conllevan la suspensión de las actividades de la DEA, el Canciller de la República David Choquehuanca, anunció que "Brasil está dispuesto a absorber lo que puede significar la suspensión del ATPDEA", y según el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas "el Gobierno, realiza todos los esfuerzos para compensar la suspensión del Atpdea a través de convenios con Venezuela, la creación de un fondo de 8 millones de dólares y la ampliación del sistema de preferencias con la Unión Europea (UE)". El pasado miércoles 29 de octubre, los gobiernos de Bolivia y Venezuela ya suscribieron acuerdos de cooperación productiva y para la exportación de manufacturas de La Paz a Caracas que ascendería a un monto de 200 millones dólares que permitirían que la economía boliviana pudiera salir del intento de ahogo al que la quiere someter los EE.UU.

Los sanguinarios sucesos de Pando y la violencia desencadenada por cívicos y partidarios "autonomistas" de la media luna han visibilizado ante la opinión pública el proyecto que sustenta la derecha boliviana. Ante la imagen que encarnan los opositores al oficialismo, la derecha ha entrado en un proceso de quiebre interno. Por una parte, el sector más moderado, encabezado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, exhortó a los partidos opositores a contrarrestar el proyecto hegemónico del MAS mediante una "resistencia democrática" a través de un frente amplio para competir electoralmente en diciembre de 2009 "Si no tenemos esa capacidad y voluntad el MAS nos va a barrer", dijo. En respuesta a sus palabras, los militantes más derechistas hicieron circular un panfleto en que se advertía a sus dirigentes de que "si entregan una sola institución (tomada) al gobierno so pretexto del diálogo, no permitiremos la realización de la Expocruz 2008" y amenazaron con desconocer al Comité Cívico y al Gobernador por acciones que "a simple vista son traición a su pueblo". Dichas amenazas pero, no fueron tomadas en cuenta por el CONALDE que finalmente resolvió levantar bloqueos y suspender movilizaciones para no perjudicar los negocios de los empresarios en la Feria de Santa Cruz. Se quebraba de esta manera la alianza estratégica entre los dirigentes oligarcas y sus bases sociales más radicalizadas y se profundizaba un conflicto en el seno de la derecha boliviana: "¿Para que se metieron a dirigir y empezar estas protestas si no iban a poder sostenerlas? Si los animales del MAS querían quemar los bienes de los 'oligarcas', nosotros si lo vamos a llevar a cabo; no se equivoquen, una rebelión entre nosotros será mucho peor que contra los masistas. Señores empresarios no nos subestimen" advertía las Juventudes cruceñas.

Por su parte, y también en un documento público, los lideres autonomístas convocaron a "identificar y a expulsar a quienes se arrogan soberbia y erróneamente la autoridad moral de nuestros designios sociales (...) Impugnemos el supuesto derecho de representación a estos apologetas del desastre e invitemos a estas personas a que se retiren de la arena pública y amplíen el campo político hacia instituciones de intermediación política de esencia democrática".

Mientras la derecha ha perdido la iniciativa política, el 25 de enero el pueblo boliviano está llamado a dos referéndums: uno para establecer la extensión máxima de tierras que se pueden poseer en propiedad y otro para ratificar la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

En el capítulo de la tierra, se pretende corregir la reforma agraria impuesta en 1953, en que se obviaron el uso y propiedad de las tierras comunitarias y se entregó la propiedad de la tierra a cada miembro del ayllu (comunidades originarias que explotaban la tierra bajo una perspectiva de reciprocidad), obligándolos a reconocerse como campesinos y disolviendo la identidad de los pueblos originarios en el esfuerzo de crear una nacionalidad boliviana única; y determinar la extensión máxima de tierra en propiedad que pueda se pueda poseer: cinco o diez hectáreas.

En el plano de la CPE, la Carta Magna establece el carácter plurinacional de Bolivia y reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad, a las transacciones y a la justicia comunitaria, así como a existir libremente, a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal, a la libre determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados. Por lo tanto, de aprobarse la nueva Carta Magna, el Gobierno deberá incorporar a las instituciones originarias dentro de su estructura. Las facultades que otorga el nuevo texto constitucional a los pueblos indígenas en el Capítulo Cuarto (Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos) permitirán que éstos constituyan su propio sistema basado en sus instituciones históricas como la democracia comunitaria, la justicia originaria, la administración de la tierra en forma de ayni o tierras comunitarias.

Además, se establece que el control social ya no se reduce a la elección de las autoridades, sino a una participación activa de fiscalización de los actos del Estado y, una gran conquista, el derecho a reclamar la revocatoria de mandato de las autoridades nacionales que no cumplan su labor.

A punto de finalizar el año, el gobierno de Evo Morales empieza a preparar la agenda del 2009 para materializar el proceso de avance popular. El referéndum constitucional y de la propiedad de la tierra pueden significar la superación del punto de inflexión en que se encuentra el gobierno des de que llegó al poder en 2006, pero a pesar de la importancia del momento que significa este hito en la historia boliviana, el proyecto popular sigue caminando.

Por una parte, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha llegado a un 5,7% y se calcula que para el 2009 podría estar en torno el 5,75 y 5,05%, elemento que posibilitaría una inversión pública de 12.900 millones de bolivianos (1.851 millones de dólares), que con respecto a los 10.695 millones bolivianos (1.407 millones de dólares) de la gestión 2008, representa un incremento del 20,61 por ciento.

Por otra, el Ejecutivo proyectó un incremento del salario mínimo nacional en la Ley Financial de este año, de 578 a 647 bolivianos. Políticas que, conjuntamente con los proyectos sociales como los de alfabetización, en que por ejemplo La Paz - con sus nueve macrodistritos urbanos y rurales - ya ha sido declarado territorio libre de analfabetismo y la declaración de Bolivia Libre de analfabetismo el próximo 20 de diciembre, y los "Bonos Juan Pinto" que busca asegurar la permanencia en el sistema educativo boliviano (y del que ya se han beneficiado 1.792.238 estudiantes en la educación primaria, 1.993 educandos en la educación juvenil alternativa y 7.882 estudiantes en la educación especial con un costo del Tesoro General de la Nación de 375 millones de bolivianos) y el "Bono Dignidad" que asegura el sustento de la tercera edad (un espectro estimado de 700.000 personas) con el pago de 200 bolivianos, ejemplifican el avance en el proyecto popular.