El ejecutivo boliviano encara el fin de año con la vista puesta en el referéndum popular que tiene que aprobar la nueva Carta magna el día 25 de enero del nuevo año. Después de un largo proceso deliberativo que se inició en agosto del 2006 y de la oposición frontal de la derecha que llegó al boicot e incluso al uso de la violencia, el texto fue aprobado por dos tercios en el Congreso Nacional y ya solo le queda la validación popular para que entre en vigor.
Informe de UNASUR, golpe a la derecha
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) presentó su informe en el que se concluye que los sucesos de Pando fueron una masacre "planificada" con motivos "raciales" que finalizó con al menos 18 muertos. La comisión, integrada por nueve miembros pertenecientes a los países que conforman la Unasur, interrogó a 47 testigos de "todos los sectores": campesinos, facciones de la oposición, de los tres poderes del Estado y al prefecto Fernández, opositores que huyeron a Brasil, muchos de los cuales solicitaron refugio político, y los confinados en un cuartel en las afueras de la ciudad de El Alto, detenidos debido a la vigencia del estado de sitio en Pando, entre otros. Así mismo, el informe concluye que los funcionarios políticos - de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos - y los cuadros superiores de la Policía, incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no cumplieron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales. Finalmente, el informe de UNASUR recomienda que los inculpados sean juzgados por la vía ordinaria ante la justicia boliviana, rechazando el juicio de responsabilidades que proponían los seguidores del ex-prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
A pesar de su retroceso, la derecha se rearticula.
Tras la aparición del informe de UNASUR, la derecha trataba de reposicionarse iniciando una campaña para desgastar al gobierno y frenar el auge del movimiento oficialista. Por una parte, el periódico La Prensa abría su edición con el titular "Evo negoció luz verde con los contrabandistas" e inculpaba al gobierno de “facilitar” la entrada a Brasil de 33 camiones de contrabando que se dirigían hacia Brasil y que fueron paralizados por la policía. Morales reconoció el diálogo con los comerciantes de Montevideo pero declaró que derivó el caso al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y al entonces presidente de la Aduana, general César López para que estudiaran el caso. Morales presentó cartas a la prensa donde se demostraban dichos contactos pero en ninguna de ellas se afirmaba que el gobierno intercedería para movilizar los camiones y recriminó al medio que pretendiese desvirtuar la acción del gobierno en vistas del referéndum del 25 de enero a través de juicio de valores. Por o
tra, los agropecuarios cruceños anunciaron que marcharan el 16 de este mes en contra del saneamiento de tierras, la escasez de diesel y en contra de las detenciones a cívicos involucrados en el atentado al gasoducto Gasyrg el 10 de septiembre.
El MAS ostenta el gobierno, la derecha tiene el poder
Precisamente, y en respuesta a los sabotajes derechistas realizados en septiembre, el Ministerio de Gobierno hizo llegar a la Comisión de Fiscales una querella ampliada contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, por el asalto y atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande que costó un daño de más de 200 millones de dólares, al que se acusa formalmente de delitos de terrorismo, sedición, asociación delictuosa y de conspiración. Actualmente, Marinkovic se encuentra apartado de la “vida pública”, hecho por el que miembros de Unión Juvenil Cruceñista (UJC), opositores, Gobierno y sectores sociales demandaron al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que “diera la cara” y enfrentase a las acusaciones de terrorismo y sedición que pesan en su contra.
Los actos delictivos acontecidos en las zonas de la "media luna" y la actual coyuntura política –en que la derecha ni siquiera puede plantearse que la nueva Carta Magna no sea refrendada por la población- han significado un replanteamiento profundo del camino que estos deben seguir. A pesar de seguir teniendo en sus manos el poder en Bolivia, a nivel político, los partidos han asumido que perdieron la iniciativa y empiezan a planificar su estrategia a medio-largo plazo, en vistas a las elecciones de diciembre del 2009, momento en que serán elegidos los poderes ejecutivo y legislativo. Por el camino, no hay que descartar que la pugna interna que representaran las primarias de dichos partidos acabe por fracturar más aún el proyecto político derechista, escogiendo nuevos dirigentes o incluso, que se materialice la posibilidad de dotarse, en algunos casos, de una nueva organicidad. Mientras tanto, la oposición a la Constituyente vendrá marcada por el propio "techo electoral masista". Después de un espectacular aumento del respaldo popular al proceso dirigido por el presidente Morales, la única salida razonable de la derecha política se encuentra en el mal menor: conscientes que el texto será aprobado, solo cabe que el apoyo que reciba el texto no supere el 67% -resultado que obtuvo el MAS en Agosto- y pueda empezar a hablar de un "posible" "desgastamiento" del partido oficialista, mostrándose de este modo como una verdadera alternativa.
