A tres años de la llegada al poder del primer presidente indígena de Bolivia, el pasado 25 de enero 2.064.397 voluntades manifestaron su apoyo al nuevo texto constitucional. En la misma jornada, la población dictaminó que el máximo de hectáreas de tenencia fuese de cinco mil.
Constitución Política del Estado (CPE) estructura para el cambio
El texto Constitucional Boliviano fue aprobado por un 61,43% de los bolivianos frente a 38,57% que votaron en contra. El Sí ganó en los departamentos del occidente: La Paz (78,12%), Oruro (73,68%), Potosí (80,07%) y Cochabamba (64,91%) y en las regiones de la denominada "media luna", la victoria fue para la opción del No, con 56,66% en Tarija, 67,33% en Beni, 65,25% en Santa Cruz y 59% en Pando. En el caso de Chuquisaca se produjo un empate técnico: 51,54% para la opción del Sí y 48,46% para el No.
Asimismo se observa que el campo apoya ampliamente la CPE mientras que en seis de las ciudades más importantes gana el no.
La aprobación del nuevo texto Constitucional significa sin lugar a dudas, un hito histórico para la República Boliviana. Lo es porque avanza en el proceso de profundización democrática -es la primera vez en la historia de la República que el texto constitucional se somete a referéndum popular- y lo es también porque reconoce la realidad pluricultural del país. En una jornada marcada por la normalidad tal y como lo certificaron observadores internacionales de la OEA, ONU, UE, CAN, UNASUR y representantes de la Corte Nacional Electoral (CNE), la aprobación del texto materializa jurídicamente el proceso de avance indígena-popular que, después de una amplia movilización para superar el régimen de aparheid sui generis al que han estado sometidas las más de treinta nacionalidades originarias de Bolivia, ahora se encuentran salvaguardadas bajo una concepción de igualdad que reconoce su diferencia. De este modo, y a nivel económico, la CPE reconoce una economía plural, integrando formas de participación económica corporativa, comunitaria -que entroncan con la cosmovisión y la organización histórica de los pueblos originarios-, a la vez que consagra la iniciativa y la propiedad privada y otorga un rol destacado al Estado como agente económico protagónico. Por otra parte y en el plano democrático, establece también tres tipos de democracia; una de carácter representativo, otra de carácter directo y, da cabida también a democracia de tipo comunitario. Así mismo, y en el ámbito jurídico, la CPE determina una articulación entre la justicia ordinaria, de matriz occidental, y la justicia comunitaria.
Referéndum dimiridor sobre la tenencia de la tierra.
Paralelamente a la consulta constitucional, la ciudadanía boliviana tenía que dictaminar la tenencia máxima de tierras. El posicionamiento de la ciudadanía ha sido en este sentido si cabe, más claro: un 80.65% de los votantes manifestaron su voluntad que esta se limitase a cinco mil hectáreas frente un 19.35% que lo hicieron por las diez mil. A través de ambos referéndums se persigue limitar la concentración de tierras en manos de la oligarquía y constitucionaliza la Función Económica y Social (FES) de la tierra. De este modo, y de acuerdo al artículo 397, capítulo tres, de la CPE, la Función Económica Social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. De este modo, aquellas tierras improductivas pasarían a ser redistribuidas por el Estado para que campesinos, pueblos indígenas y pequeños productores agrarios puedan conrearlas. A parte de la redistribución de tierras, esta medida persigue acabar con las condiciones de servidumbre a las que se encuentran sometidos muchos campesinos y pasar página a regimenes feudales todavía existentes en muchas áreas del país.
No obstante, y contrariamente a los temores que expresaron los terratenientes del país, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz indicó que la vigencia de los límites de extensión de tierras no tendrá retroactividad, en el sentido de que solamente será exigida a predios adquiridos con posterioridad a la aplicación de la nueva Constitución.
Dos lecturas, una realidad
Ambos hitos son pasos significativos pero no definitivos. La aprobación de la nueva carta magna significa dotar al país de un marco jurídico sobre el que seguir desarrollando el proceso de cambio impulsado por el gobierno; pero éste, conjuntamente con los actores populares que le dan respaldo, tendrán que seguir trabajando para ir consolidando y concreción de las políticas y eso supone que futuramente tengan que ser aprobadas más de cien leyes y reglamentos. Ante esta situación cabe presuponer que la derecha desarrollará una lucha para rechazar cada una de los textos, lucha que será especialmente encarnizada en la búsqueda del encuadre de los estatutos regionales a la CPE. La derecha empieza a posicionarse y, la aprobación de la nueva CPE ya ha sido leída -como ya se anunciaba- como un retroceso del apoyo oficialista de 7 puntos, que según su máximo representante Branco Marinkovic “materializa la fractura de los bolivianos”. No obstante, y lejos de la imagen de una Bolivia empantanegada en un equilibrio difícil de resolver, Morales declaró "Aquí no hay empate, hay ganador. El Sí a la Constitución Política del Estado alcanzó la mayoría de votos. No hay 'medias lunas', la Constitución es la luna llena del país (…) Gracias a la voluntad soberana se refunda una nueva Bolivia", y se mostró abierto a negociar con los líderes opositores para que se desarrollen los respectivos estatutos de autonomía que tendrán que ajustarse a la recién aprobada CPE.
