Santos Ramírez, quien fuera en otro momento miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la estatal compañía YPFB, ingresa como un detenido por "conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y, entre otros, asociación delictuosa" en la penitenciaría de San Pedro.
Los hechos se sitúan en el 27 de enero, cuando el presidente de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’arlach, fue asesinado en una calle de La Paz por una banda de criminales que le arrebató de las manos 450.000 dólares estadounidenses. Tras ese hecho, estalló un escándalo de corrupción en YPFB por la firma, con la empresa Catler-Uniservice, de un contrato para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande, Santa Cruz. La investigación ha puesto de relieve que la casa donde O’Connor llevaba el dinero pertenecía a la familia de Santos Ramírez, hecho que confirmaría que se trataba de una coima. Ante esta situación el presidente Morales declaró que “Es muy lamentable lo que va pasando en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, sin embargo, el Gobierno nacional lidera la lucha contra la corrupción y va a continuar con ese trabajo”.
Javier Camacho, el abogado de Miguel O’Connor (hermano del asesinado y co-propietario de la empresa Catler-Uniservice), señaló que su cliente no conoce a Santos Ramírez y que no estuvo en La Paz en el 2008, pero el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice sufrió cuatro modificaciones o adendas, y todas las firmó él, en la sede de gobierno, junto al ex presidente de YPFB.
Así mismo, la trama parecería afectar también a la administración prefectural tarijeña en modo de pagos anticipados por proyectos millonarios con la verificación de avances limitados en las obras. La ministra de transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, denunció que la autoridad departamental suscribió un contrato de 63 millones de bolivianos con la asociación accidental Consorcio Tarija, una de cuyas empresas es Uniservice, supuesta filial de Catler-Uniservice, la empresa que se adjudicó el contrato de 68 millones de dólares gracias a las gestiones del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez. A raíz de este hecho, el Gobierno del presidente Evo Morales demandó el 19 de marzo la detención preventiva del prefecto de Tarija, Mario Cossío, por los presuntos hechos de corrupción, delitos que parecerían incluso implicar al hermano del Prefecto tarijeño, por el delito de “lavado de dinero”.
Empieza a fraguarse un frente opositor común
Después de que la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobase la imputación formal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, por su presunta responsabilidad en la retardación de justicia de los juicios contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Tonchy Marinkovic y Luis Alberto Valle; el Consejo Nacional Democrático (CONALDE), integrada por los prefectos opositores Rubén Costas de Santa Cruz, Mario Cossío de Tarija, Ernesto Suárez de Beni y Savina Cuéllar de Chuquisaca se reunieron en Sucre para apoyar al presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández. En el contexto de esta, el prefecto Costas propuso celebrar "un gran encuentro nacional" en Santa Cruz el 5 de abril para ir encontrando puntos de coincidencia y construir un proyecto nacional alternativo al actual modelo centralizado y antidemocrático. En el encuentro se pretende invitar a Alejo Véliz, Rufo Calle y a otros dirigentes campesinos, y no se descarta convocar a parlamentarios y a políticos opositores como Víctor Hugo Cárdenas, el alcalde potosino René Joaquino, Carlos Mesa y el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina.
Uno de los principales retos que tendría que superar esta “gran alianza opositora” sería la de superar las aspiraciones presidenciales de sus integrantes, ya que pareciera que el ex presidente Carlos Mesa (con el apoyo de Carlos Alarcón, Francesco Zaratti, Gisela Derpic, Ricardo Paz, Hugo San Martín y Juan José Torres), el alcalde Joaquino (con viejos miristas como Óscar Eid y Hormando Vaca) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (con el respaldo de Hugo Carvajal, Erika Brockmann, Luis Eduardo Siles y Roberto Moscoso, entre otros) se mostrarían dispuestos a encabezar la hipotética candidatura.
Crisis internacional y empleo
El Ministro Obras Públicas, Walter Delgadillo, anunció que su despacho creará unos 100.000 empleos durante la gestión 2009. La autoridad asegura que estos datos son producto de una primera evaluación en función a la inversión prevista en estos 12 meses. "He estado haciendo una evaluación en el Ministerio y con el total de inversiones calculamos que este año en el Ministerio de Obras Públicas, es decir caminos telecomunicaciones, vivienda vamos a generar unos 100 mil empleos" inversión de al menos 700 u 800 millones de dólares para consolidar este compromiso y así disminuir los niveles de desempleo.
