El mes de abril se abrió políticamente con la declaración del primer mandatario boliviano, conjuntamente con otros líderes sociales y comunitarios, en huelga de hambre. La razón: presionar a la derecha para que no alargaran el proceso de aprobación de la Ley Electoral en el Congreso, cámara donde estos poseen mayoría. Morales calificó a la huelga como “histórica” y “en defensa de la democracia y respeto a la Constitución” y ciertamente lo es. Es un hito porque es la primera vez que el presidente de un país inicia una huelga de hambre para presionar políticamente a la oposición, pero lo es también porque con este acto, Morales se mostraba a los movimientos populares como su mayor garante, encarnando su posicionamiento político y utilizando los métodos de éstos fiel a sus raíces de dirigente cocalero.
Nuevas citas electorales
Después de una larga confrontación entre los partidos opositores y el oficialismo, se aprobó la Ley Transitoria Electoral que en diciembre llamará a la ciudadanía boliviana a la elección del presidente y a determinar en referéndum si La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí se dotan de autonomía regional bajo la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que su departamento ingrese al régimen de la autonomía departamental, en el marco de las competencias y atribuciones establecidas por la CPE, constituyéndose un gobierno autónomo departamental que ejerza facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas?
Novedades electorales
La Ley Electoral consensuada, rebaja en gran medida las aspiraciones del Movimiento al Socialismo e introduce tres principales novedades:
En primer lugar, y a pesar del proceso Constituyente, el Congreso –de inspiración derechista- ha rebajado las circunscripciones especiales, destinadas a la representación institucional de las comunidades indígenas de las 15 a las 28 que se establecían en el debate constituyente a 7 (de los 130 escaños que tiene la Cámara de Diputados): una para cada departamento exceptuando Potosí y Chuquisaca. Parece que el acuerdo final no contenta a nadie ya que la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) planteaba que los originarios contasen con al menos 18 diputados y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) con 24; sin embargo, el oficialismo redujo esas aspiraciones a 14; mientras que la derecha quería que sólo se les asignaran tres. La consecuencia inmediata de este recorte es que la mayoría de los 33 pueblos originarios no estarán directamente representados en la arquitectura institucional, hecho por el cual éstos han exigido al gobierno un cambio de actitud y una mayor determinación para imponer su modelo de país.
En segundo lugar, el voto de los bolivianos en el exterior será posible, por primera vez en la historia del país, para el 6% del padrón nacional. Sobre esta cuestión, la oposición consideraba que el gobierno utilizaría sus embajadas y consulados para hacer proselitismo oficialista y optaba por negar el derecho de los “exiliados económicos”. Finalmente se aprobó a modo de prueba piloto, que el 6% de la ciudadanía boliviana residente en el exterior pueda concurrir en las elecciones para elegir al presidente.
Y, en tercer lugar, y ante las denuncias de la oposición de que existían personas que votaban dos o tres veces y hasta lo hacían gente que había muerto, el gobierno garantizó un padrón electoral biométrico, vía rasgos dactilares y fisonómicos. El costo de dicha operación que asciende a 120 millones de bolivianos (unos 17 millones de dólares) se financiará con la renuncia de la compra de un avión presidencial, con fondos del Estado y con la ayuda de instituciones Internacionales y se gestionará a través de la Corte Nacional Electoral con el acuerdo de que se realicen las elecciones el 6 de diciembre.
Así mismo, se dictaminó que el 4 de abril de 2010 se celebraran las elecciones para prefectos y asambleístas departamentales y alcaldías.
Desarticulada una banda que tenía planeado atentar contra Morales
El 16 de abril, la Policía Nacional realizaba una operación para desarticular un grupo terrorista que tenía como principal objetivo atentar contra el presidente Evo Morales, el Vicepresidente Álvaro García Linera y distintos miembros del gobierno y las instituciones.
Según apuntan las investigaciones, el grupo sería el responsable de haber atentado un día antes, contra la casa del Cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país andino y también lo serían del explosivo que iba dirigido al viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.
Como consecuencia de la acción policial, fallecieron Magyarosi Arpad (rumano), Michael Dwayer (irlandés) y Jorge Hurtado Flores, cuya verdadera identidad era la de Eduardo Rozsa Flores, de nacionalidades boliviana, croata y húngara. Este último aparece como el organizador de un grupo de mercenarios extranjeros y nacionales.
Además, se detuvieron otros dos integrantes de la banda, Tadic (boliviano-croata) y Toasó (húngaro), quienes confesasen que Rozsa pagaba sus cuentas de manutención pero dicen no saber nada sobre quiénes están detrás de él.
En la operación, la policía incautó, además de distintas armas de fuego, explosivos y abundante documentación de cuarteles militares, policiales y de los sistemas de seguridad del presidente.
Pareciera que ante el avance del Movimiento al Socialismo y las fuerzas sociales y populares que lo sustentan, la derecha estaría profundizando una estrategia abiertamente violenta, iniciada con los sucesos de Pando, pero cada vez más organizada (¿y financiada?); ante este hecho Morales declaró "El año pasado, la derecha intentó sacarme con el voto del pueblo (a través) del Referendo Revocatorio, después intentaron un golpe de Estado civil, fracasaron y ahora estaban planificando acribillarnos, están fracasando, ojalá fracasen para siempre"
Sellando el Chaco
El 27 de abril, el presidente de Bolivia, Evo Morales y el de Paraguay, Fernando Lugo, sellaban definitivamente la herida abierta des de 1935. Por aquel entonces, los dos países se encarnaron en una guerra en la región del Chaco, una zona desértica que separa los dos países. Han tenido que pasar 71 años para que el escenario regional haya cambiado como lo ha hecho, y para que finalmente, ambos países realizasen un acuerdo definitivo sobre la delimitación de sus fronteras en la zona.
En la discusión han intervenido, además de Paraguay y Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Perú, elemento que visualiza un nuevo proceso de resolución de conflictos en el continente, de naturaleza más multilateral. Se cierra de esta manera, una guerra en el que se enfrentaron dos de los países más pobres de Latinoamérica y en que la mayoría de los muertos fueron consecuencia de las condiciones climáticas.