El juicio contra el expresidentes Sánchez de Losada, sus ministros y cinco jefes militares por los hechos ocurridos en octubre del 2003, se iniciaron este mes. La fiscalía les acusa de genocidio en tipo de masacre sangrienta, de homicidio, de lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, allanamiento de domicilio, vejaciones y torturas, además de atentado contra la libertad de prensa, privación de libertad y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; delitos que no prescriben.
El histórico juicio se instaló en medio de una movilización de las denominadas víctimas de octubre y luego de casi seis años de la revuelta social que exigía la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada y que acabó con 67 muertos y centenares de heridos.
No obstante, solamente ocho de los diecisiete acusados se presentaron al juicio oral (los generales Gonzalo Rocabado, Roberto Claros, Juan Véliz, José Quiroga y el almirante Luis Aranda, miembros del Alto Mando Militar en el año 2003 y tres exministros: Dante Pino (Servicios Financieros), Adalberto Kuajara (Trabajo) y Erick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible)). Del resto, el expresidente Sánchez, los exministros de defensa Carlos Sánchez de Berzaín y de hidrocarburos Jorge Berindoague, se encuentran actualmente asilados en Estados Unidos y el proceso oral está pendiente de que el Poder Judicial decida sobre la procedencia de la extradición. Por su parte, los seis exministros que fueron llamados a la declaración fueron declarados en rebeldía; cuatro de ellos se cree que se encuentran actualmente en Perú (los exministros de Gobierno Yerko Kukoc, el de Desarrollo económicoJorge Torres, el de Salud Javier Torres y la ex ministra de Participación Popular Mirtha Quevedo), uno en Estados Unidos (exministro de Asuntos Campesinos, Guido Áñez) y uno en el Estado Español (Hugo Carvajal, exministro de Educación).
Movilizaciones en defensa de la producción nacional de ropa
El sector productor de ropa se movilizó este mes para que se cumpla la ley sobre la prohibición de la comercialización de ropa usada. Ya en el Decreto 28761, del 21 de junio del 2006, se prohibía la importación de ropa usada y la su venta a partir del 1 de marzo del 2008. Posteriormente pero, el Decreto 29521, emitido el 18 de abril del 2008, dio un año más para la comercialización de prendería de segunda mano en el país, hasta el 31 de marzo de este año.
En la movilización participaron miles de personas, entre industriales pequeños, medianos y grandes, artesanos, confeccionistas, además de fabriles y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). En la marcha también estuvo el viceministro de Trabajo Adalberto Rojas y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez quién declaró que “Nos plegamos a la marcha de los fabriles en defensa de la producción nacional que se confecciona tanto para el mercado nacional como para la exportación. Es una movilización por la dignidad y contra el abuso de los contrabandistas que internan ropa usada al país”.
Los vendedores de ropa usada se resisten a la prohibición y aunque ya no hablan de ampliación para la comercialización, exigen al Gobierno una “reposición”, vía decreto, del año perdido para terminar de vender las más de 11.000 toneladas del producto que aún quedarían en el país, y para cambiar de rubro. El sector ha rechazado la oferta del Ejecutivo, que planteó a los comerciantes que dejen de vender la ropa y a cambio, se les daría una capacitación de tres meses y 650 bolivianos mensuales.
Representación originaria en la Cámara Plurinacional sigue generando conflicto
La aprobación por parte de la Ley de Régimen Electoral Transitorio sigue levantando las críticas de los movimientos sociales al gobierno. El proceso que fue negociado con la oposición después de la huelga de hambre del presidente y de algunos líderes sociales (ver boletín de abril), sigue encontrando el rechazo por parte de los pueblos originarios que han visto como su representación pasaba de los dieciocho escaños a la Asamblea plurinacional a siete, número que consideran insuficientes para representar las 36 nacionalidades distintas que existen en el país. Así, La Central de Pueblos Indígenas de Beni, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños, el Gran Concejo Chimané, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia y la Central de Mujeres indígenas del Beni aprobaron en la Resolución 01/09: "condenar el manoseo politiquero del que hemos sido objeto los Pueblos Indígenas del Beni por parte de la ultraderecha parlamentaria, el MAS y sus operadores políticos". Además condenan "la actitud desleal y deshonesta de quienes considerábamos nuestros aliados y hermanos: los parlamentarios del MAS y las organizaciones andinas que forman parte del CONALCAM, que a la hora de la verdad nos han dado la espalda".
El descontento llegaría a ser tal que dichas organizaciones se estarían planteando concurrir solas a las elecciones.
