Con dos trimestres negativos de crecimiento, Brasil se declara en recesión. La producción industrial está estancada, el PIB se retrae y el país empieza a sentir los efectos de la crisis internacional. Frente a esta situación el gobierno apuesta por los incentivos fiscales, reducir los impuestos a automoviles y electrodomesticos, y incentivar el consumo. Una serie de medidas que le significan al Estado dejar de recibir o gastar una enorme cantidad de dinero, a la espera de que la dinámica económica se reactive, a través del círculo "vituoso del mercado".
A nivel social, estos efectos negativos de la crisis empiezan a hacerse sentir. Pero aún no constituyen un frente de reales problemas para el gobierno de Lula. Sin embargo, más allá del frente interno, el gobierno brasileño encuentra crecientes dificultades en el rol de liderazgo regional que ha asumido estos últimos años. Ejemplo de ello, lo constituye las gestiones del Comité Nacional para Refugiados (CONARE) de Brasil al aceptar 118 solicitudes de refugio de bolivianos vinculados a los sucesos relacionados con la matanza de Pando, Bolivia. Según el ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, los asilados son autores directos e indirectos de la masacre de niños, mujeres, indígenas, campesinos y estudiantes normalistas.
La Cancillería de Bolivia espera que el CONARE actúe en concordancia con el informe de la Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) del 16 de diciembre de 2008 que pide esclarecer los hechos y hacer justicia. Fernández espera que el gobierno de Brasil revierta su decisión.
Otro frente abierto en el contexto latinoamericano es el rol que cumple el ejército brasileño en Haití. Manteniendo una visión de abierta intervención militar, el gobierno brasileño "no estudia abdicar" del comando de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) ni "retirar" a los militares que actúan hace cinco años en ese país caribeño. Esto pese a que se encuentran en el Brasil representantes de entidades haitianas para reforzar la campaña internacional en favor del retiro de las tropas de la ONU en ese país.
CIMI continua denuncia asesinato y torturas a indígenas brasileños
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) denunció públicamente el asesinato del líder campesino Luiz Lopes Barros, encontrado muerto en el municipio de Conceição do Araguaia, con tiros a quemarropa. Desaparecido desde el día 12, Luiz coordinaba la Liga de Campesinos Pobres de Pará-Tocantins (LCP-PA/TO) y era uno de los dirigentes más conocidos del movimiento campesino del estado.
El Estado de Pará es parte de la operación "Paz en el Campo", denominada por la entidad como "operación de terror en el campo". Según la organización, la operación terminó con más de 200 campesinos presos y decenas de hombres, mujeres y niños "cobardemente torturados". Para la entidad, la operación de Estado convierte a la gobernadora en "cómplice de otro asesinato". Distintas organizaciones denuncian que ya son doce los campesinos que fueron asesinados durante la operación "Paz en el Campo", la que estimuló la ejecución de líderes y activistas del movimiento, en especial, a los integrantes de la toma de la Hacienda Forkilha. El senador José Nery (Psol) acredita que desde el 2007, existe un conflicto permanente con los líderes “los líderes de este movimiento del Sur del Pará. Un total de 17 líderes, están en una lista de marcados para morir, o sea, marcados por los terratenientes. Es una masacre, es inaceptable que los trabajadores sean asesinados por luchar por el derecho a la tierra, la vida, y el derecho de producir”.
A este asesinato se le sumó otra denuncia del Cimi de tortura a cuatro hombres y una mujer arrestados por la Policía Federal de Ilheus, del sur de Bahía. Según los relatos de los propios indígenas, los policías aplicaron choque eléctrico en las costillas y órganos genitales.
Policía Militar reprime protesta en Universidad de Sao Paulo
Con la invasión de la Universidad de São Paulo (USP) por la Policía Militar (PM) se agudizó huelga que parte de los profesores de la USP mantienen desde hace ya más de un mes por una demanda por mejoramiento salarial.
Este en grave incidente sucedió cuando operarios, profesores y estudiantes en huelga caminaban en dirección a la rectoría para realizar una asamblea cuando fueron alcanzados por gases lacrimógenos y balas de goma.
Según Magno de Oliveira, del Sindicato de los Trabajadores de la USP (Sintusp), el enfrentamiento comenzó después de provocaciones hechas por la PM a los manifestantes. Inmediatamente después de esta actitud, una operaria habría sido agredida por un policía y los militantes reaccionaron.
El estudiante de Geografía, João Victor Pavesa, cuenta que, a continuación, la Tropa de Choque persiguió los huelguistas y lanzó bombas contra 300 personas, los que corrieron para refugiarse en el aparcamiento localizado frente al edificio de la Historia y de la Geografía, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH).
En esta acción fueron detenidos dos funcionarios, el dirigente del Sintusp, Claudionor Brandão, y Celso Luciano Alves da Silva. También se detuvo al estudiante José Ailton Dutra Júnior.
