Brasil se aproxima a un largo período electoral que definirá los rumbos del país en el espacio institucional. Se viene la elección de un nuevo Congreso Nacional, de los gobernadores provinciales, la votación por la Asambleas Legislativas y la elección Presidencial. Un calendario muy cargado, frente al cual muchos dirigentes del PT han tenido que redefinir su ubicación.

Para poder postular a los nuevos cargos, del gobierno Lula salieron once ministros. Y en los gobiernos provinciales fue una desbandada general. De ahora en delante, todos los postulantes a cargos se jugarán de cuerpo y alma en sus campañas.

Mientras por arriba se preparan para la disputa de los cargos, a nivel de base la sociedad parece anestesiada por el control absoluto del mass media y por la falta de debate sobre los verdaderos problemas de la sociedad brasileña. La pauta de los medios se centra en la violencia en las ciudades, accidente de tráfico, grandes jurados o, a lo sumo, en el enfrentamiento de declaraciones, ya sea entre Lula y Fernando Enrique Cardoso, o entre los candidatos presidenciales de los dos bloques Dilma (PT) y Sierra (PSDB).

Los movimientos sociales continúan en reflujo y las organizaciones de izquierda aún no salen de la crisis ideológica de los últimos años. Pese a ello la incapacidad del gobierno de superar un política asistencial lleva a los diferentes actores del movimiento social a posicionarse respecto de la necesidad de modificaciones estructurales que tardan y no llegan.

La CUT y la CTBB ya decidieron – y los movimientos de la Vía Campesina Brasil se sumarán a ellos – hacer una gran jornada de paralización nacional en todo país, el día 18 de mayo, como forma de presión por la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 44 para 40 horas semanales.

Esta, pareciera ser la demostración de que, finalmente, la mayoría “parlamentaria”, construida por el gobierno a peso de oro, no fue suficiente para avanzar en las cuestiones fundamentales para la clase trabajadora, como la reducción de la jornada de trabajo, el proyecto que determina la expropiación de las haciendas con trabajo esclavo y el mantenimiento del código forestal para proteger el medio ambiente.

Un muro para esconder la pobreza de Rio

Comenzaron las polémicas obras de instalaciones de muros que deben aislar trece favelas en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro (RJ) de las Líneas Roja y Amarilla, las principales vías del estado.

Según el alcalde Eduardo Paes (PMDB), las placas disminuyen los riesgos de atropellos en las calles y aíslan las favelas del barullo de los coches. Pero, para la población de las favelas, esta es más una forma de discriminación. El presidente de la Federación de Favelas del estado de Río de Janeiro (Faferj), Rossino Castro, afirma que la obra atiende a los intereses de los organizadores de las Olimpiadas, prevista para acontecer en la ciudad en 2016, “porque el gobierno vende una imagen de que las favelas son urbanizadas y organizadas. El alcalde César Maia (DEM) recibió mucho dinero para transformar las favelas en barrio, y no hizo eso. Entonces, están haciendo los muros para esconder las favelas de los turistas porque ellos irán a pasear mucho por las líneas Amarilla y Roja.”

El proyecto ya fue cuestionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió explicaciones al gobierno del estado. En la época se dijo que el objetivo era impedir el avance de las favelas sobre a selva atlántica, preservando así el medio ambiente.

Policía Militar desaloja violentamente a familias del MST

El Batallón de Choque de la Policía Militar realizó un violento desalojo de 75 familias del MST de un latifundio improductivo, en el municipio de Touros (la 70 km de la capital), en la región costera de Rio Grande do Norte.

Los 150 soldados del batallón llegaron al local a medio dia. Inmediatamente después, quemaron las barracas con las pertenencias de las familias y dejaron seis personas heridas, que fueron llevadas al Hospital Municipal de Toros.El comando de la PM presentó un documento falso de restitución de la propiedad, que tenía el sello del Tribunal de Justicia de Acre y no había la firma del juez.

El año pasado, el Incra realizó distintas inspecciones y concluyó que la hacienda de 950 hectáreas era improductiva. El latifundio estaba ocupado hace dos meses por los trabajadores rurales, por segunda vez. La primera ocupación en ese latifundio fue en 2003, cuando el MST denunció que el área no cumplía su función social, como determina la Constitución. Actualmente, más de 2000 familias están acampadas en Rio Grande do Norte en la lucha por la Reforma Agraria.