Luismi Uharte

Los resultados de las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2010 en Brasil, van a tener una importancia trascendental en el proceso de reconfiguración del nuevo orden mundial por la creciente centralidad que está asumiendo el gigante sudamericano.

Uno de los debates más complejos del momento es la caracterización de la política económica del “lulismo”. Indudablemente, ni pretende ni es un gobierno que esté implementando un modelo de inspiración “nacional-popular” ni nada similar, pero tampoco se le puede definir como un gobierno estrictamente neoliberal. Estaríamos más bien ante un proyecto dual, donde se concatenan programas y políticas de corte neo-desarrollista con prácticas de carácter todavía neoliberal. Henrique Novaes, economista y profesor de la Universidad de Campinas en Sao Paulo, considera que esta dualidad se manifiesta de la siguiente manera: por un lado, continuarían medidas neoliberales, principalmente en el modelo de pago de la deuda externa –que sigue erosionando gran parte del presupuesto público- y en el enfoque de dirección del Banco Central (Lula se lo entregó a un hombre de la línea Cardoso); por otro lado, se estarían materializando una serie de políticas neo-desarrollistas como la estimulación del empleo público, el aumento salarial para potenciar el consumo y la financiación pública hacia la empresa privada nacional.

El aumento del gasto social y la puesta en marcha de una serie de programas sociales de mayor cobertura, no dejan lugar a dudas en cuanto al “cambio” o la “diferencia” respecto al gobierno de Cardoso. Existe, por tanto, una especie de “agenda de los pobres” que antes no tenía cabida. Sin embargo, esto no implica una ruptura con el paradigma de política social que desde la década de los noventa los organismos multilaterales (Banco Mundial, etc.) han venido imponiendo.

La política compensatoria continúa teniendo un peso sustancial, a través de los viejos programas denominados de “transferencia condicionada”, como ocurre con el proyecto bandera del “lulismo”, la “Bolsa Familia”. De cualquier manera, el éxito de este programa y sus efectos múltiples es indiscutible, ya que ha logrado atender a 40 millones de pobres (más de una quinta parte de la población total), principalmente de las zonas más deprimidas del país (el Nordeste), reduciendo, según cifras oficiales, la pobreza extrema en alrededor de 20 millones de personas, además de estimular notablemente el consumo de los sectores populares. En consecuencia, la fidelidad del voto a Lula se ha fortalecido considerablemente.

Otra de las claves fundamentales, en este caso en el área socioeconómica, es la política de aumento salarial que el Ejecutivo ha promovido. José Antonio Felicio asevera que el salario mínimo ha aumentado más de un 60%, y junto a él han mejorado considerablemente los ingresos de otras categorías profesionales. Desde el sindicato CONLUTAS, sin embargo, Dirceu Travesso puntualiza que realmente no se ha producido una política de redistribución del ingreso, sino más bien una mejora salarial gracias a un contexto de crecimiento económico, donde los más beneficiados han sido sectores privados de la industria y las finanzas.

Gobierno y movimientos populares

La lectura en torno a la relación entre el gobierno de Lula y los movimientos sociales y a los efectos de esta, es muy dispar según los diversos actores. Para el Secretario Internacional de la CUT, al contrario que los gobiernos anteriores el actual Ejecutivo no sustenta su relación con las organizaciones sociales en la represión, sino en el diálogo. Asegura que se producen reuniones periódicas entre gobierno y movimientos, destacando principalmente los “Foros de diálogo”, donde sindicatos y otras organizaciones son considerados como interlocutores válidos.

Desde el sindicato disidente CONLUTAS, en cambio, la valoración es sumamente crítica. Dirceu Travesso asevera que la CUT ha perdido autonomía desde la llegada de Lula al gobierno, como lo demostró su aceptación resignada de la contrarreforma de la Seguridad Social. Agrega que Lula ha jugado un papel “decisivo en la desmovilización de la clase trabajadora”.

Desde las filas del PSOL –partido que surgió de una escisión del PT- , la lectura es similar a la de CONLUTAS. Según Pedro Ekman, dirigente de esta agrupación en Sao Paulo, “el peor legado del lulismo es la desmovilización de los movimientos sociales”.

Lo que parece bastante evidente es la fragmentación que se ha producido entre las diferentes organizaciones que conforman el movimiento popular, ya que como nos recuerda Cicero Da Silva, educador popular, mientras unos apoyan resignadamente al gobierno otros lo critican de manera reiterada.

Hacia las presidenciales de octubre

En los próximos meses las encuestas se van a multiplicar, según se vaya acercando la fecha electoral. Hasta el momento, el candidato de la derecha tradicional, José Serra, va por delante de la candidata del PT designada por Lula, la actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, aunque ésta va remontando progresivamente.

En primera instancia, lo que está meridianamente claro es que la polarización entre el candidato de Lula y el de la derecha va a eclipsar toda opción que se presente a la izquierda del PT. El PSOL, que tuvo unos resultados dignos en las presidenciales del 2004 (7%), va a reducir su caudal de votos de manera sustancial por dos razones: en primer lugar, por la renuncia de Heloisa Helena, su figura carismática, a medirse de nuevo en la arena electoral, optando por un sillón más cómodo en el Senado; en segundo lugar, por las disputas internas por el liderazgo del partido, que lo están debilitando notablemente. Las propias previsiones del partido, sobre todo en la contienda para los escaños del legislativo, no son nada halagüeñas: bajar de tres diputados a uno, lo que en una cámara de 513 diputados resulta meramente anecdótico.

El gran interrogante, a día de hoy, es si Lula tendrá la capacidad de transferir esa desbordante popularidad a Dilma Rousseff, con un perfil público mucho menos atractivo y una proyección mediática más limitada. El PT, por sí sólo, no tiene la fortaleza suficiente para arropar a Rousseff, por una evidencia puramente aritmética: no representa ni a una quinta parte del Parlamento (83 escaños en una cámara de más de 500 diputados). En consecuencia, ¿tendrá la habilidad y el tiempo suficiente el presidente de posicionar a su candidata para que el “lulismo” continúe hasta 2014?

Pese al aumento de la violencia en el campo siguen las ocupaciones

Los conflictos por la tierra en Brasil, que habían disminuido en los últimos años, subieron de 751 en 2008 a 854 en 2009, pero el número de muertos bajó de 28 a 25 en el mismo período, según un informe divulgado el día 15 de abril del 2010 por el Episcopado. La cifra de muertos la menor en los últimos años y muy inferior al promedio de 63 muertes por año registrado desde 1985, cuando los datos comenzaron a ser recopilados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo del Episcopado brasileño.

Según el estudio “Conflictos en el Campo”, elaborado anualmente por la Comisión “La violencia no logró que los movimientos de campesinos dieran marcha atrás y, por el contrario, aumentaron el número de ocupaciones de haciendas desde 252 en 2008 hasta 290 en 2009″, según el informe. El estudio indica que actualmente existen en Brasil 36 campamentos en los que viven 4.176 familias que esperan ser beneficiadas por la reforma agraria, frente a los 40 campamentos que en 2008 albergaban a 2.755 familias. La Comisión Pastoral de la Tierra manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el campo en medio de un “contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales”. Según la entidad, la interpretación de que las ocupaciones de los movimientos que luchan por la reforma agraria tienen que ser castigadas como crímenes aumenta tanto entre los fiscales como entre los jueces y “muchas veces es amplificada por los grandes medios de comunicación social”.

Según las estadísticas recogidas por la Comisión Pastoral de la Tierra en los últimos 25 años, cada año Brasil sufre en promedio 63 muertes en 765 conflictos por la tierra, así como 2.709 expulsiones de familias de sus tierras, 13.815 desalojos y 422 arrestos de campesinos.

Crece la Deuda Externa Brasileña