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Al igual que en Chile, Brasil enfrentó el mes de octubre un escenario esencialmente centrado en el proceso electoral de nivel estatal.
El resultado sembró las dudas en el gobierno de Lula, ya que nuevamente quedó demostrado que liderazgo nacional de Lula no tiene un aterrizaje claro a nivel local. La pérdida de Sao Paulo, por parte del PT, y de la candidata del propio presidente, Marta Suplicy ha sido un duro golpe para la continuidad del proyecto del propio PT.
Desde la izquierda, surgen voces críticas respecto del rol jugado por el PSol. Influyentes intelectuales, como Emir Sader, sintetizan así su posición "una vez mas se equivocaron acerca de donde está la derecha, negándose a apoyar a Jandira (candidata del PT por Rio Janeiro), diciendo que ella es "de la base oficialista", lo que parece condenar al candidato a estar en la derecha, ya que el PSOL entró en el camino sin retorno de tomar al PT como el enemigo fundamental - como ya lo probó al abstenerse entre Lula y Alckmin en el segundo turno y aliarse a la derecha en tantas situaciones, en votaciones del Congreso o en la propia elección presidencial. Que se joda Rio, mientras que se cuenten los votos propios, por insignificantes que sean".
Lo que queda claro es que el escenario post electoral es que, en el caso, del PTqueda el consuelo de haber quedado absuelto de los escándalos de corrupción que envolvieron a sus legisladores y funcionarios del Ejecutivo.
Movilizaciones en el campo
En el marco del Día Internacional en Defensa de la Soberanía Alimentaría,Vía Campesina realizó una serie de movilizaciones con el fin de dar a conocer los lineamientos que las organizaciones del campo y de la ciudad, van a desarrollar en defensa de otro modelo para la agricultura brasileña. Vía Campesina es una coalición de movimientos del campo, formada en Brasil por el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), MAB (Movimiento de los Alcanzados por Diques), MMC (Movimiento de las Mujeres Campesinas), MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores), CPT (Comisión Pastoral de Terra), Abra (Asociación Brasileña de Reforma Agraria), Feab (Federación de los Estudiantes de Agronomía), PJR (Pastoral de la Juventud Rural), indígenas y quilombolas.
Como concepto alternativo propuesto por los campesinos y campesinas, "la soberanía alimentaría implica nuevas relaciones sociales, libres de opresión y de desigualdades entre hombres y mujeres, grupos raciales, clases y generaciones".
Además proponen como alternativa al incremento del precio de los alimentos la aplicación por parte del Estado de políticas públicas para infraestructura y asistencia técnica en asentamientos y pequeñas propiedades, que producen el 70% de la ayuda alimenticia esencial. De esa forma, el país garantizaría su soberanía alimentaría, que es la capacidad de cada país, región y municipios de producir la cantidad necesaria de alimentos para la población. Actualmente, Brasil y las diversas regiones requieren importar productos agrícolas.
Se realizaronn protestas en nueve estados para denunciar la responsabilidad del agronegocio y de las empresas transnacionales de la agricultura por la elevación de los precios de los alimentos y en defensa de la soberanía alimentaría y de la agricultura familiar.
En Paraná, cerca de 1.000 campesinas de la Vía Campesina, Asamblea Popular y Movimiento Popular de Mujeres de Sarandi decidieron por la mañana cancelar los peajes. En Rio Grande do Sul, los movimientos sociales y sindicales denuncian que grandes transnacionales como la Wall-Mart, Bunge y Cargill son responsables por el incremento de los precios de los alimentos, a través de la especulación financiera.
En São Paulo, se realizan actos en tres municipios, en defensa de la Reforma Agraria y de la agricultura familiar. En Itapeva, cerca de 150 personas ocuparon la sede del Instituto de Tierras del Estado (Itesp) de São Paulo para exigir que se acelere el proceso de asentamiento de las familias de la región, además de la infraestructura para los campamentos y una audiencia con el Gobierno del Estado.
En Río de Janeiro, mujeres del campo y de la ciudad efectúan una marcha en la capital para denunciar la responsabilidad del agronegocio en la elevación del precio de los alimentos. La concentración será a las 10h00 en la Plaza de Cruz Vermelha. Por la tarde, mujeres de la Vía Campera se manifestarán en Belford Roxo, marchando en dirección a Bayer, unas de las mayores empresas del agronegocio en la producción de insumos agrícolas.
En Ceará, 350 manifestantes partieron por la mañana del Mercado San Sebastián, un local simbólico de comercialización de productos de la agricultura campesina en Fortaleza, y siguieron en marcha al supermercado Buen Precio, de la red Wall-Mart.
En Río Grande del Norte, cerca de 200 familias de la Vía Campesina están acampadas en la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), en Petrópolis, desde lunes, demandando inversiones públicas en los asentamientos, expropiación de tierras, asesoría y asistencia técnica para sembrar.
En Mato Grosso, mujeres de la Vía Campesina hicieron un acto público en Campo Verde (131kilómetros de Cuiabá) distribuyendo alimentos producidos en las áreas de la ReformaAgraria.
También en esta línea, la rama brasileña de Via Campesina, después de dos años y medio de denunciar sus actividades ilegales en la producción de transgénicos, consiguió la expulsión de la empresa transnacional suiza Syngenta Seeds de una propiedad de 127 hectáreas, a seis kilómetros del Parque Nacional de Iguazú, informó el Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil. Sygenta cedió ayer el terreno al Gobierno del Estado de Paraná, que administrará la finca y sus instalaciones, después de que Via Campesina ocupara el terreno en tres ocasiones desde marzo de 2006 para establecer el campamento Terra Livre.
Continúa denuncia contra el trabajo esclavo
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) calcula que anualmente 23 mil trabajadores rurales caen en las redes de esclavitud de las áreas de la frontera agrícola de la Amazonia y de El Cerrado brasileños.
La esclavitud contemporánea difiere de la esclavitud colonial, abolida en Brasil en 1888. En vez de cadenas, los trabajadores ahora son atrapados por mecanismos más sutiles, como una deuda ilegal, y otros no tan sutiles, como las recurrentes amenazas físicas y psicológicas durante su cautiverio.
Para impedir que la práctica del trabajo esclavo continue existiendo en Brasil, entidades de la sociedad civil buscan promover una Emienda Constitucional que endurezca las penas para los explotadores.
Según la Asociación Nacional de Procuradores delTrabajo (ANPT), los estados que mas presentan denuncias son Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.
Esta realidad afecta particularmente a los pueblos indígenas. En Brasil hay 604 territorios indígenas, habitados por 215 pueblos distintos que hablan 180 idiomas e innumerables dialectos. En ellas viven 600.000 indígenas.
Unidad contra la criminalización de movimientos sociales
Un amplio colectivo de organizaciones sociales y religiosas, entre ellas el SDDH, CPT, MST, CNBB, MAB, Comitê Dorothy, la Coordinación de Organizacioness Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), Intersindical y Conlutas, lanzaron en la ciudad de Belén, la campaña: Lucha por los Derechos Humanos No es un Crimen!
El objetivo de la campaña es la construcción de un colectivo que actué contra la criminalización de los movimientos sociales y de quienes los apoyan.
Algunos de los casos recientes se han dado en el sudeste de Brasil donde están los mayores índices de violencia en el campo y de casos impunes. Los defensores de los derechos humanos viven bajo amenaza de muerte, tales como Frei Henri des Roziers, abogado de campesinos y militante de CPT.
Roquevan del Movimiento de los afectados por la Represas, MAB , procesado por la justicia fue tratado como terrorista, y el abogado de la organización campesina CPT de Marabá, Batista Afonso fue condenado a 2.5 años de prisión. Otros militantes del MST y del MTM fueron condenados a pagar multas estratosféricas. En la región del rio amazónico Xingu la actuación de Dom Erwim al lado de los indígenas en contra de la construcción de una gran hidroeléctrica generó una campaña de parte de los medios contra el religiosos.
También las radios comunitarias han sido un sector que ha sufrido varios procesamientos. Se estima que cerca de 10 dirigentes están siendo procesados. Esto pese a que Brasil firmó los tratados internacionales que garantizan la libre expresión.
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