Con un Lula que, a menos de un año de terminar su mandato, ya se levanta como el presidente más popular de la historia de Brasil, los movimientos sociales brasileños se han visto contra las cuerdas. La popularidad y la capacidad de maniobra política han llevado a poderosos movimientos sociales como el MST a tener que mantenerse en una ambivalencia difícil de sostener.
Como explicación a la actual situación de bajo protagonismo político de algunos de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, se plantea que muchos de los dirigentes sociales han sido coaptados por el aparato de gobierno. Algo muy similar a lo que ha pasado en Bolivia o Venezuela. Sin embargo, en el caso brasileño la complejidad de las medidas liberales asumidas por el gobierno de Lula hacen insostenible la mantención de una alianzao pacto social con un gobierno que en lo estructural no ha generado ningún cambio radical.
Por ello, y ante este escenario hostil y nada prometedor para el campo, João Pedro Stedile, dirigente del MST propone levantar como bandera de lucha frente la Reforma Agraria, propuesta por el PT la llamada “Reforma Agraria Popular”.
Detrás de esta iniciativa, no sólo existe la voluntad de retomar un protagonismo eclipsado largo tiempo por la sobra de Lula. Para Stedile se trata de iniciar una nueva etapa de lucha, en la que “la reforma no podrá ser solo hecha por los sin tierra, es necesario que se incorporan a ella nuevos sectores de la sociedad, como; los trabajadores, las centrales sindicales, partidos de izquierda”, de esta forma, se pretenderá crear una fuerza popular capaz de enfrentar al neoliberalismo.
Stédile comentó en una serie de puntos, las nueva iniciativa de la “Reforma Agraria Popular”. Se empieza con la desapropiación y distribución de las grandes propiedades de tierra, estableciendo como condición un límite de 1.500 hectáreas. En ella, la pequeña agroindustria será propiedad de los trabajadores, enfatizó, la necesidad de introducir las cooperativas, adoptando un desenvolvimiento tecnológico como una forma sustentable y colectiva preservando las semillas como patrimonio. Se busca que no sean las empresas Transnacionales, como la Nestle o la Parmalat, las que controlen la producción y el comercio.
Afirmó además que “será necesario cambiar la matriz tecnológica de las técnicas de producción del agro negocio por la agroecológica”.
En los últimos años, el medio rural fue seriamente afectado, el capitalismo se transformó y con el la lucha por la tierra se ha ido dificultando. El enemigo principal; los latifundistas, dejaron de ser el único problema para el campo. Producto de las aceleradas políticas neoliberales, las grandes empresas Transnacionales le han dado un nuevo rumbo a las transformaciones agrícolas brasileñas, profundizando y agraviando los moldes rurales. Estas empresas, que bajo el control financiero, imponen como modelo el agro negocio y el monocultivo ocupando amplias extensiones de tierra haciendo uso excesivo de productos agrotóxicos, que solo produce un grave desequilibrio y desgaste en la biodiversidad. Además, de que se han vuelto las dueñas de la producción, controlando el comercio y las semillas. Estos factores, resume Stédile, son los que han ido dificultando la lucha en el campo.
En la Amazonía
Según el estudios "Conflictos en el Campo de Brasil 2008", elaborado por la da Comisión Pastoral de la Tierra, el 72% de los asesinatos en conflictos en el campo durante el 2008 ocurrieron en la Amazonía.
El año pasado, 28 campesinos fueron asesinados por bandas de pistoleros a sueldo de los latifundistas, 20 de ellos murieron en la región de Amazonía. Además, según el estudio en el 2008 se registraron 1.170 conflictos agrarios, 44 tentativas de asesinatos, 90 amenazas de muerte, 168 detenidos y 800 agresiones. En los últimos 13 años 227 campesinos murieron en conflictos por la posesión de la tierra.
A pesar de lo trágico de estas cifras los latifundistas insisten en culpar a los campesinos del aumento de la violencia, y exigen continuamente la intervención de las Fuerzas armadas.
Los latifundistas temen que "Una masa de gente reclutada en las periferias de las ciudades, en su mayoría gente pobre e desempleada, ésta preparada para luchar por la tierra en casi 100 campamentos a lo largo de las autopistas como la PA-150”.
Asesiando dirigente sindical en conflicto ambiental
El dirigente sindical Santos Souza, de 44 años, fue muerto por tres hombres, que, después de allanar su casa en Magé, en la llamada Baixada Fluminense, en presencia de la familia. Souza fue golpeado y llevado a la calle donde lo ejecutaron de cinco balazos en la cabeza.
Los hombres no identificados, huyeron luego en un automóvil sin identificación. Según la familia del sindicalista, antes de matarlo lo interrogaron y preguntaron por documentos de la asociación de pescadores.
El asesinato se perpetró después que varios miembros de Asociación de hombres del Mar, Ahomar incluido el tesorero, habían sufrido amenazas de muerte, indicó a IPS Anderson, quien afirmó que él salió ileso de un atentado el 1 de mayo, cuando dos hombres le dispararon cuatro tiros desde el cantero de las obras del gasoducto.
A su vez, Anderson dirigente de Sindipetro, sostuvo que el sindicato de pescadores prefiere "no hacer especulaciones, pero estamos muy preocupados porque estamos siendo amenazados desde que comenzamos a hacer denuncias de crímenes contra la fauna y la flora de la bahía de Guanabara, por las obras del polo petroquímico". "Siempre que ejercemos presión y luchamos por nuestros derechos fuimos amenazados", enfatizó el presidente de la asociación de pescadores en conversación telefónica con IPS, pues actualmente está con paradero desconocido junto a su familia para evitar más represalias.
También Moreno alertó que "la intranquilidad es grande, y pensamos que puede haber más asesinatos". Añadió que Sindipetro también ha denunciado la tercerización de las obras del gasoducto por parte de la petrolera estatal, y la falta de garantías y seguridad laborales que ello implicaba.
Sindipetro y Ahomar participaron este mes de una manifestación contra la obra del gasoducto, que, según recordó Moreno, fue reprimida violentamente por la policía.
En esa ocasión, las autoridades confiscaron redes y cuatro embarcaciones de los pescadores que participaban de la protesta, en un despliegue "inusual y exagerado", según Moreno, con la utilización de helicópteros.
Los pescadores argumentan que desde que Petrobrás inició la construcción del gasoducto, precisamente en el lugar donde los pescadores arrojaban sus redes, están impedidos de trabajar.
Anderson calcula en 70 por ciento los perjuicios de los pescadores de la región, una actividad que sustenta a unas 3.000 familias y que se realiza de modo artesanal "en barcos sólo a remo". "Ahora es casi imposible pescar en la región. Muchos pescadores están pasando necesidades financieras y tuvieron que cambiar de oficio", precisó Anderson. Los pescadores se dedican a la pesca de taina, corvina y camarón, como principal fuente de ingreso para su sustento.
