La derecha chilena no ocupa el poder político, por la via democrática, hace más de 50 años. Pero lejos de ser esto un problema, esta lejanía le ha permitido perfeccionar mecanismos de regulación de los ritmos políticos que pasan por fuera de los pasillos de la Moneda. Según los datos de las encuestas (manejadas por los grandes empresarios) cada vez existen más posibilidades de que uno de los suyos, Piñera, encabece el futuro gobierno chileno. Pero las manos de la derecha chilena son mucho más largas y van mucho más allá que la dependencia de un sólo candidato.

La carta presidencial de la Concertación, Frei, ex presidente en el periodo 1994-2000, mantuvo durante su mandato una política económica y social abiertamente neoliberal. Su gestión fue aplaudida por todo el sector empresarial, siendo recordados sus años de gobiernos como aquellos del crecimiento explosivo de las ganancias de las grandes empresas. Entre las joyas que dejó su gobierno está el impulso de la privatización de la educación universitaria, de la confección de leyes que favorecen la inversión extranjera haciendo prácticamente desaparecer las barreras arancelarias, y la entrega sin limites de la minería a empresas trasnacionales. Osea, su mandato presidencial fue en la práctica lo mejor que le pudo pasar a los empresarios. Por ello su posible regreso al sillón presidencial es esperado con optimismo los poderosos, quienes saben que más allá de sus alardes por recuperar el rol del Estado, Frei es un fiel creyente de un modelo económico que pone en su centro al empresario y su supuesta “capacidad emprendedora”.

Por fuera de los dos grandes bloques de la derecha y la concertación se perfila la candidatura de Marco Enriquez. Según las encuestas su apoyo electoral ha venido creciendo sin parar desde hace 4 meses y se perfila ya con posibilidades para pasar a una segunda vuelta. Sin embargo, nadie parece realmente asustarse por el crecimiento del apoyo a este personaje. Este licenciado en filosofia de 36 años, hijo del dirigente del MIR, Miguel Enriquez, ha basado su trayectoria en su aparición constante en los medios de comunicación que maneja la derecha.

A estas alturas resulta evidente que dada la actual situación de descrédito de la política chilena (que entre otras cosas implica que del universo potencial de 12 millones de votantes solo participen 5,5 millones ) era necesario el surgimiento de un candidato “outsider”. Alguien que aparezca con un discurso que apele a la necesidad de cambiarlo todo, sin cambiar nada. Enriquez es un candidato sostenido por la derecha y a su vez condicionado por ella.

La Derecha chilena parece haber aprendido a manejar los hilos del poder con cierta sabiduría. Impone los tiempos y los temas que son centrales en el debate. La hegemonía del discurso neoliberal sigue siendo completa en las alturas del poder económico y político. Nadie cuestiona seriamente el modelo de desarrollo. Pero también saben que su estabilidad depende de que la aplicación de las medidas económicas genere un descontento que no pase de ser un problema sectorial y corporativo (profesores, mapuches, deudores, etc). Se trata de mantener a raya a los sectores sociales más activos. Y sobre eso existe un acuerdo transversal.

Pero sobretodo que estos actores no entren en una vía de politización de su actuar. Para ello se generan válvulas de escape que permitan canalizar a los descontentos, ofreciéndole al elector una gama de productos-candidatos que respondan, en lo posible, a sus intereses.

Violentos allanamientos policiales tuvieron lugar en Yeupeco y Temuko

Según se informó, estos operativos habrían sido ordenados por el fiscal del Ministerio Público, Sergio Moya, quien investiga el ataque a un bus interprovincial Tur Bus ocurrido el 28 de julio pasado en las cercanías de la capital regional. Según testigos, fuerzas especiales de carabineros sin dialogar, ni adecuarse a los procedimientos legales obligatorios en este tipo de incursiones, disparó perdigones y lanzó bombas lacrimógenas contra la gente que llegaba a ver lo que sucedía.

“No mostraron ninguna orden, ni papel de nada, yo fui a defender a mi tía y les pregunte si querían dialogar pero no querían dialogar sino que llegaron disparando al tiro” explicó Gabriel Catrilaf, miembro de la comunidad Juan Catrilaf. Además, durante este allanamiento fue herida con dos perdigones en el cuello, Erica Catrilaf mientras tenía a uno de sus hijos en brazos “tenía a mi guagua en los brazos cuando carabineros me disparó”, señaló Erica Catrilaf. Otra de las personas que fue agredida por carabineros fue Juan Catrilaf, quién resultó herido en un camino interior de la comunidad. El adulto de 59 años recibió cinco perdigones en su pierna derecha, denunció “me atajaron en el camino, ahí me dispararon y me dejaron así”, informó Juan Catrilaf

El caso más grave fue el de Juan Catrilaf Nahuelpán, quien fue ingresado a urgencia del Hospital Regional de Temuko, bajo el diagnóstico de herida de bala múltiple, en su pierna derecha y que además involucró fractura de peroné. Otras nueve personas también acudieron al centro asistencial por presentar heridas de mediana gravedad causadas por perdigones. El detalle de los heridos es: Gabriel Catrilaf, 5 perdigones en la pierna; Erica Catrilaf, 2 perdigones en el cuello; José Huenulao, perdigones en las piernas;  Jorge Huenulao Huanquian, perdió la vista; Carlos Coliñir, 54 años con perdigones en las piernas; Juan Catrilaf, 59 años con cinco perdigones en la pierna derecha; Aurelio Catrilaf, perdigones en ambas piernas; y Hernán Catrilaf, pierna derecha, 35 años.

Preocupación exterior

Así se lo confirmó el Delegado Regional del organismo, Michel Minning, al senador Alejandro Navarro, a quien el ex candidato presidencial solicitó la presencia de la entidad en la zona. “Si un mapuche va con una herida de balín, una fractura o una herida superficial, es investigado. Su ficha médica se transforma en ficha policial”, dijo el senador. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los derechos del Pueblo (Codepu) emitieron también una declaración conjunta llamando al Estado chileno a cumplir sus tratados internacionales y a que investigue, juzgue y sancione penalmente a los policías que cometen abusos contra las comunidades.