Sin embargo, la profundización del modelo neoliberal, estos últimos 20 años, ha quebrado una estabilidad social que parecía sólida, y que se basaba en el Estado, como figura protectora de los derechos de las personas frente al mercado. Los éxitos macroeconómicos se lograron pasando por sobre los derechos laborales, y humanos de los chilenos.

Durante los 2 primeros años de su gobierno, la socialista Bachelet ha visto como una serie de sectores se han visibilizado en la realidad nacional, a través de la movilización social.

Los estudiantes de secundaria, unidos a los de las universidades técnicas; los deudores habitacionales; los trabajadores de empresas contratistas y los movimientos mapuches por la recuperación de la tierra, son los cuatro sectores que desarrollan en la actualidad una lucha permanente por la recuperación de sus derechos.

Y en esa línea, sus estrategias de lucha se construyen directamente en contra las políticas del gobierno.

Se trata, a diferencia de los años anteriores, de respuestas colectivas que se mantienen en el tiempo. Cada uno de estos sectores, continuamente, desarrolla movilizaciones que pasan por etapas de mayor o menor regularidad.

Hasta la fecha, cada uno de los actores realiza sus movilizaciones de manera individual, primando sus reivindicaciones corporativas por sobre opciones por políticas más generales.

Sin embargo, en líneas generales cada sector sigue su propio camino con su lucha sectorial, agudizando su confrontación con el Estado.

Durante el mes de abril del 2008 se desarrollaron una serie de movilizaciones callejeras masivas en contra de la aprobación de la Ley General de Educación, LGE. Con esta ley, los partidos y el gobierno pretenden frenar las luchas locales de los estudiantes.

Pese a las masivas protestas de estudiantes y profesores, la LGE fue aprobada lo cual llevó al movimiento a vivir un proceso de dispersión. Esta fragmentación empieza ya a mostrar como, si bien se pierde el horizonte nacional, las peleas locales, (sobretodo en liceos tradicionales) cobra mayor fuerza.

La destitución de rectores, como la del emblemático Instituto Nacional, seguida por las movilizaciones de los alumnos del Liceo de Aplicaciones, sin duda habla de un proceso que se agudizará en lo local. Esto mientras no existan verdaderas condiciones para contar con una estrategia política y una conducción de carácter nacional, de todo el movimiento.

Este movimiento ha crecido de manera espectacular en los últimos 3 años. Si bien la lucha histórica de los pobladores había sido el de las Tomas de Terreno, la política habitacional de la concertación logró frenar las tomas abriendo el crédito hipotecario a un sin número de familias chilenas que, objetivamente, no tenían capacidad para endeudarse. El resultado fue el aumento explosivo de los deudores quienes para enfrentar los remates hipotecarios unieron sus fuerzas.

La capacidad de organización de los deudores sobrepasa a las de otras organizaciones sociales chilenas, ya que se constituye territorialmente a través de comités que funcionan regularmente.

Actualmente, este sector desarrolla su lucha en dos frentes: Por un lado se continúa llevando a cabo la lucha (con tomas de bancos, marchas a la casa de Bachelet, acoso de dirigentes políticos, etc) buscando que se habrá una mesa de trabajo entre las organizaciones de deudores y el gobierno. En esta instancia se debería plantear una condonación de pago para todos los deudores habitacionales.

Después de sufrir serios golpes represivos por parte de los organismos de gobierno, luego de las movilizaciones del 98, el movimiento de recuperación de tierras ha recobrado su capacidad de movilización a nivel territorial.

Los orígenes de esta situación hay que buscarlos en la privación delpueblo mapuche de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas, y ahora, de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.

Las movilizaciones de estos últimos meses con la muerte del comunero Matias Catrileo,la prolongada huelga de hambre de la activista mapuche Patricia Troncoso, son junto con la reciente quema de la hacienda del empresario Luchsinger en Santa Rosa, los elementos que más han destacado en una lucha social que no baja en intensidad, sino que crece en conflictividad.

De hecho, los empresarios de la zona en conflicto han desafiado abiertamente a las autoridades políticas chilenas bajo amenazas de responder ellos directamente dejando al margen al Estado en este conflicto.

Es de esperar que continúe un proceso de agudización de las luchas, acompañado de un aumento en la actividad policial en contra de organizaciones mapuches. Los allanamientos con por las fuerzas para-policiales se han hecho habituales en las comunidades de la Octava y Novena regiones.

Además, la derecha y los grandes medios de comunicación, contribuyendo a la criminalización del movimiento vinculan al movimiento mapuche con las FARC de Colombia y la ETA de España, en un claro intento por justificar una mayor represión del movimiento.

Si bien la conflictividad laboral, va en aumento, las distintas estrategias implementadas por el gobierno, en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores , CUT, han logrado calmar las aguas.

No se trata entonces de que la potencial conflictividad haya desaparecido fruto de la introducción de cambios estructurales, sino meramente de la implementación de dinámicas de coaptación y neutralización de las dirigencias sociales potencialmente más activas.

Las elecciones de la CUT en agosto, que pretendían ser el momento del esperado cambio de la Central a través de la llegada a la presidencia de uno de los líderes más emblemáticos del nuevo movimiento sindical, el comunista Cristian Cuevas, quedó finalmente en nada.

Las elecciones de la CUT dieron el resultado esperado, siendo reelecto el socialista Arturo Martínez, asegurándose con ello, el gobierno y los empresarios el compromiso de que la Central no permitirá el desborde.

Sin embargo, continúan existiendo sectores que impulsan la organización y la lucha sobretodo desde el mundo de los contratistas y subcontratistas, que agrupan a más del 3 millones, de los 6 millones de trabajadores chilenos. Y es ahí, en donde siguen existiendo fuertes proceso de lucha en el ámbito laboral.