Luego de varios días de movilización en paro y de resistir las propuestas del gobierno  de aumentar solo en un 4.5% los salarios (contra un 14.5% que exigían los gremios estatales) se logró un histórico aumento de 10%.

El reajuste de salarios del año anterior se había construido con la inflación estimada por el Banco Central. Estas estimaciones no fueron reales y perjudicaron el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, la movilización, alejándose de las cifras oficiales decidió ir más lejos para recuperar en algo lo perdido en las negociaciones anteriores.

El proceso fue conducido por De La Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, quien junto a la presión de los trabajadores del sector público, lograron torcer la mano del adusto y árido ministro de economía Velasco.

El manejo de esta crisis con el sector público, quedó exclusivamente en manos del ministro de economía, invisibilizando  al ministro del trabajo Osvaldo Andrade, quien estaba de viaje, mientras en el país se desarrollaba una de las movilizaciones más grandes del sector público y sus trabajadores.

Como no sucedía hace décadas,  la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, fruto de la presión de los distintos gremios, articuló una mesa en apoyo a las reivindicaciones de la Anef sumando a sectores que aún no apoyaban el proceso. A la mesa se sumaron; los trabajadores y académicos de las universidades estatales, profesionales de la salud, técnicos de la salud, colegio médico, jueces y fiscales etc.

Sin duda, destacó el paro en las municipalidades que mantuvieron la movilización y resistieron las amenazas del gobierno junto a los vilipendiados funcionarios de la salud.

Luego de una semana de tiras y afloja entre los trabajadores movilizados y el gobierno que no quería torcer la mano, se envía al parlamento el presupuesto 2009, primero con una propuesta de un6.5 % de reajuste salarial y luego con una propuesta de 9,5%. Las dos son rechazadas por los parlamentarios de todas las bancadas conscientes del enorme malestar que crearía la aprobación de estos reajustes. En definitiva, el gobierno retiro sus propuestas y accedió a un reajuste de un 10%, reconociendo con esto la legitimidad de la demanda de los trabajadores estatales.

La clase política dejó avanzar esta situación y votó en el parlamento a favor de los dos dígitos, dejando también al descubierto que la capacidad y habilidad negociadora del gobierno está en franco desgaste.

Los trabajadores a honorarios del estado, que son hoy la forma principal de empleo en muchos sectores del aparato público, han sido eternamente invisibles y dejados fuera a la hora de contar quienes trabajan para el Estado. Sin embargo, en este proceso, acompañaron el proceso de movilización, sin lograr mayor visibilidad.

Si bien es cierto que son un número tremendamente importante para explicar la cantidad de trabajo que se desarrolla desde el aparato estatal y sobre todo desde las municipalidades, no logran aun alzar la voz, ni articularse seriamente.

Esta acción se da en un marco general de recuperación territorial que las distintas comunidades mapuches han desarrollado de manera ininterrumpida estos últimos años.

Sin embargo, como contra cara de estos procesos, el Estado chileno ha continuado y potenciado una labor constante de represión hacia las distintas comunidades movilizadas

Uno de los últimos casos de la violencia policial involucra al menor de edad Patricio Queipul de tan solo 13 años de edad, quien fue detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (P.D.I) en un gigantesco operativo que se realizó en los cerros del ex Fundo Alaska, en momentos en que el niño se dirigía a revisar a sus animales. Este fue rodeado y reducido entre golpes e insultos, siendo apuntado con las armas , y luego fue conducido descalzo a uno de los carros policiales, y retirado del lugar, mientras continuaban con el allanamiento. El personal de la PDI contaba con alrededor de 80 efectivos.

Esta no es la primera detención de Patricio, ya que él ha vivido el allanamiento en dos oportunidades en su casa. En una de estas oportunidades fue herido con perdigones en una de sus piernas. Fue detenido por Carabineros, quienes lo condujeron hasta una micro donde lo interrogaron y golpearon entre insultos y amenazas, dejándolo libre varias horas después.

Comuneros huilliches de Mehuín y Maiquillahue protestaron al interior de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), en protestaban por la posible construcción de un ducto de evacuación de residuos industriales de esta planta de celulosa en la zona de Mehuín. Por este motivo, Carabineros detuvo al lonco Agustín Nancuán y a otras 14 personas.

Los policías custodiaron las dependencias de la empresa maderera perteneciente al grupo económico Angelini, con un carro lanzaguas, mientras que en la carretera era vigilada por otos policías.

Del mismo modo se desarrollaron movilizaciones de las comunidades afectadas al Norte de Valdivia, en la comuna de Panguipulli, donde la empresa española Endesa pretende construir la Central Neltume, un proyecto de generación hidroeléctrica.

Las comunidades sostienen firmemente que no permitirán bajo ninguna circunstancia la instalación de una galería de prospección que sería definitivamente el túnel de desahue de la Central Neltume. “Aquí no sólo está en juego nuestras vidas y las culturas, sino la vida de nuestros territorios y del planeta, nuestro Guillatuwe de aguas quietas, se encuentra amenazado por los miles de metros cúbicos de aguas que llegaría hasta el mismo Guillatuwe en la comunidad ancestral Juan Quintuman”. Señalaron además que “es muy notable la manipulación e inmundicia del juego de la empresa Endesa, con la complicidad del gobierno. Declaramos personas no gratas las autoridades de gobierno  que apoyaron la aprobación del proyecto San Pedro sobre el río Valdivia, dejándose llevar bajo amenaza y sobornos; es por eso exigimos a todos ellos su inmediata destitución”.

También en la Región de los rios, las comunidades indígenas Jacinto Carrillo Comolai y la comunidad Bernardo Vera Pichilguen, denunciaron a la empresa noruega SN Power que actualmente tiene inversiones en proyectos hidroeléctricos en Liquiñe, Coñaripe y Maihue (proyecto Maqueo).

Según los dirigentes de estas comunidades la empresa actualmente se encuentran invadiendo los territorios, sin permiso de las comunidades y captando gente con su filial chilena Trayendo.  Actualmente, esta empresa esta interviniendo con maquinas, helicópteros y trabajadores, comprando gente y manipulando con reuniones engañosas. Están pasando a llevar las autoridades ancestrales de las comunidades, teniendo dialogo solamente con la Junta de Vecinos, cuya organización no es validada por el pueblo mapuche.

Las comunidades señalan que el vigente Convenio 169 de la OIT establece mecanismos de consulta, previa, libre y de buena fe, con participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, representadas por sus autoridades ancestrales. Como lo hace en Liquiñe y Coñaripe, Trayenco viola el Convenio 169 y las normas internacionales que reconocen nuestros legítimos derechos.