Ramiro Lizondo Díaz*

El desarrollo económico boliviano, desde la creación de la República, se sustentó en la explotación de materias primas, principalmente mineras. Ahora y durante mucho tiempo más, seguiremos viviendo de la explotación de nuestra base material. Durante muchos gobiernos y períodos de nuestra historia se intentó implementar políticas orientadas a darle valor agregado a la producción nacional.

El actual proceso político y económico boliviano resalta la importancia del Estado en la economía y el plan de desarrollo tiene como horizonte el cambio de la matriz primario productora. Sin embargo, ese proceso requiere un período más o menos largo de implementación.

En tanto nuestra economía dependa de la producción primaria, la industrialización de Bolivia en áreas estratégicas como la de hidrocarburos (ampliación de las refinerías de Valle Hermoso y Palmasola, construcción de nuevas refinería, petroquímica con el gas natural, etc.), minería (litio, zinc, cobre, hierro, siderurgia, Vinto, etc.), electricidad (construcción de represas) y agricultura, son una necesidad inevitable. No solo para la seguridad de la misma economía y sociedad, sino para la seguridad y soberanía nacional.

Otras áreas de actividades tradicionales en la industrialización nacional han alcanzado niveles importantes a pesar de ser tecnológicamente atrasados como son los textiles, las manufacturas de madera, de cuero, los alimentos. Rubros a los que es necesario potenciar y fortalecer a través del acceso a servicios financieros y no financieros que les permita ampliar su producción y posibilidades de acceso a los mercados.

La modernización y desarrollo de la economía campesina, social cooperativa, microempresarial y empresarial está asociado a la modernización e innovación tecnológica. Pero también al desarrollo de tecnologías que no afecten el medio ambiente con la incorporación de insumos provenientes del petróleo. Este proceso industrializador promovido por el Estado no solo es parte del Plan Nacional de Desarrollo, sino una demanda permanente de los pequeños productores que no contaban con políticas dirigidas a su sector dado que en términos de empleo son el principal aporte a la economía.

Para las manufacturas nacionales, la obtención de mercados externos es una tarea pendiente. En el caso de los pequeños productores agrícolas, que son los que proveen de alimentos a los mercados locales, la creación del seguro agrícola desde el Estado, podría promover que estos puedan pasar a etapas de industrialización. Si bien, el propósito de este esfuerzo es resolver los riesgos sobre la soberanía alimentaria, el país puede producir la totalidad de sus alimentos básicos.

El desarrollo de infraestructura

En cuanto a la integración y desarrollo de infraestructura, la unidad territorial del país no debe estar condicionada al desarrollo del IIRSA que beneficiará más que todo a Brasil a través de los corredores bioceánicos para lo cual el país deberá sacrificar parte de su patrimonio natural. En este caso es importante evaluar las posibles externalidades negativas que esto podría generar.

Lo que sí es importante para mejorar las condiciones de productividad y los precios de una economía de escala es la recuperación de un sistema ferroviario y la necesidad de construir un ferrocarril que comunique las ciudades intermedias y las capitales de departamento más grandes para tener un transporte limpio, barato y eficiente.

El proceso industrializador ya ha comenzado con la industrialización del hierro con el proyecto del Mutún, la futura explotación e industrialización del litio, el complejo agroindustrial de San Buenaventura, la producción de cobre en Corocoro, las plantas procesadoras de leche (Lácteosbol), las fábricas de cartón y papel (Cartonbol y Papelbol), las fábricas de cemento (Ecebol), etc., son inversiones públicas directas en la industrialización nacional. Asimismo, la transformación e industrialización de la hoja de coca con mates, biomedicamentos u otros productos sería otro elemento importante del proceso industrializador.

Es obvio esperar que el gobierno promueva un gran salto industrial sobre la base de la política de nacionalización de recursos naturales y lo que establece la constitución política respecto al dominio estatal sobre estos recursos. Su objetivo es el de aprovechar las rentas generadas con la industrialización de la producción de las materias primas para promover el desarrollo en otras áreas de la actividad industrial y de agregación de valor.

No podemos negar esta posibilidad al país, no solo por el hecho de que ya se ha iniciado casi de forma natural, sino por el hecho de que en algún momento de nuestra historia teníamos que recuperar las rentas de la producción primaria y utilizar las mismas en su industrialización y la de otros sectores de la economía.

En el marco de la estructura económica nacional que ahora se reconoce como plural, se cuestiona la visión homogenizadora de la modernidad occidental y sus patrones de desarrollo asociados a la producción industrial. Ahí es pertinente preguntarse cuánto debem9os sacrificar o podemos afectar el medio ambiente y la naturaleza con este proceso industrializador que tiene que convivir con el intento de crear un nuevo paradigma productivo y de convivencia que se sustenta en el Vivir Bien. No podemos guiarnos por la lógica crematística y de obtención de beneficios a corto y mediano plazo, porque en el largo plazo, las externalidades negativas pueden ser mayores que los beneficios económicos que se esperan obtener de su implementación. Incluso si lográramos establecer un sistema de cuentas nacionales distinto que creara una tasa de descuento acumulable en el tiempo para reponer la pérdida física de naturaleza a través de recursos no renovables y renovables de los que las generaciones futuras no podrán disponer. No podemos ver a los recursos naturales, a la naturaleza, con la misma lógica de antes, es decir, como posibilidad de beneficios y ganancias.

* Economista