Estas familias, en su mayor parte de origen extranjero, poseen cinco veces más que dos millones de campesinos e indígenas bolivianos que solo trabajan en cinco millones de hectáreas en sistemas de minifundios degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.

En el Departamento de Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sólo 15 de éstas familias disponen de medio millón de hectáreas obtenidas de forma fraudulenta durante las dictaduras militares de las que formaban parte así como de los gobiernos neoliberales corruptos que ellos mismos implementaron hasta hace dos años atrás. En promedio, en Bolivia, una familia de terratenientes detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) de tierra fértil, en tanto que una familia campesina apenas posee una hectárea con poca capacidad productiva.

La actual estructura de propiedad de la tierra es insostenible no sólo en términos económicos y ambientales, dado que este factor sirve para perpetuar un modo de producción intensivo en recursos naturales, pero también sirve para la especulación con tierras y para ampliar indefinidamente la frontera agrícola y ganadera con graves efectos ambientales y ecológicos debido a la deforestación, sino porque dentro de estas "propiedades" existen pueblos originarios en condiciones de servidumbre. Se han apoderado no solo de tierras, sino del agua de los ríos y lagunas, de parte de la propiedad pública como es la infraestructura de caminos, etc.

La redistribución del poder territorial que lleva adelante el gobierno de Evo Morales, supone revisión de dicha estructura de propiedad de la tierra. La abierta sedición de los grupos de poder en Bolivia tiene su núcleo precisamente en este conflicto. El hecho de que un gobierno indígena y popular cuestione dicha propiedad significa revisar las bases mismas de su reproducción como clases dominantes. Por eso están dispuestos a todo.