Tras más de quinientos años de implementación salvaje del neoliberalismo en Latinoamérica, los países empobrecidos no han logrado el desarrollo y los estándares de vida de los países del capitalismo central que la teoría propugnaba. A pesar de ello, la religión neoliberal y todos sus feligreses –practicantes o no- siguen creyendo que esto no se ha producido por la porfiada tendencia al atraso de los gobiernos de los países subdesarrollados y que, por tanto, hay que seguir invirtiendo en su conversión.

Prueba de este continuo esfuerzo es que, entre 1990 y 2005 en Latinoamérica se firmaron, por citar solo algún ejemplo, 147 contratos de privatización del agua, por un valor de 20.971 millones de US$, lo que supone un 38,6% del total de contratos firmados en este sentido en el mundo entero, siendo así la región del mundo con un mayor número de contratos firmados al respecto (Castro, 2007).

Entregar el agua potable, bien cada vez más escaso en todas las regiones del mundo, a manos del mercado supone una clara opción por continuar un proceso de preponderancia del sector privado por encima del público. Detrás de la operación se proclama, no solo una supuesta superioridad en la gestión privada de un bien público, sino que también se privilegia una determinada concepción del mundo y claro está, de valores.

Ante este contexto no es de extrañar pues, que los movimientos populares de los países latinoamericanos, empiecen a explorar caminos que sean capaces de poner de relieve la manifiesta insostenibilidad del modelo neoliberal en el continente. Efectivamente, si hay alguna cosa que caracterice la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica es de hecho, el surgimiento democrático de propuestas políticas que persiguen profundizar en la distribución de la riqueza y, por tanto en la mejora de la calidad de vida de los pueblos.

Centrar el eje del discurso y de la propuesta política en la necesidad de producir una nueva justicia redistributiva, implica que los gobiernos populares de Latinoamérica deban desarrollar dos ejes paralelamente. Por un lado, la nacionalización de los sectores productivos “estratégicos”, y más concretamente, la estatalización de las materias primeras y energéticas (fundamentalmente el petróleo y el gas). La base de dicha nacionalización pasa por capitalizar los beneficios que antes se llevaban las multinacionales desde el Estado con el objetivo de financiar políticas públicas redistributivas, prestando especial atención a aquellos sectores más desfavorecidos. Por el otro, la participación protagónica de los actores populares como sujeto de cambio, (re)emergencia en la esfera pública –(re)emergencia que en parte se explica como consecuencia de las políticas neoliberales- que ha posibilitado el cambio político, pero también que ha generando la base sobre el cual sustentar el desarrollo comunitario y por tanto, el bienestar de las comunidades, más allá de términos estrictamente económicos. Los movimientos, autónomos del gobierno, participan el diagnóstico pero también en la propuesta de soluciones; y en cada vez más casos incluso, se incorporan como sujetos encargados de desarrollar dichas políticas para “pasar por encima” de la burocracia institucional y de la plutocracia de los partidos, embudos omnipresentes en el sistema.

De forma evidente, sin embargo, cabe señalar que los procesos de nacionalización (o en algunos casos, de renegociación de las regalías con las multinacionales encargadas de la explotación de un determinado recurso natural) emprendidos por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, no constituyen por si solos una transformación del modelo productivo.

Muy lejos están estas iniciativas de los amplios y profundos intentos de industrialización, vinculadas a la nacionalizaciones, que recorrieron las distintas economías de Latino América a partir de los años 40’. Hoy, ya no se construyen grandes complejos industriales, ni se plantea un desarrollo de una economía autárquica. En términos concretos, se asume que la economía mundial se sigue dando en un contexto de globalización capitalista y que esto seguirá siendo así, por lo menos, a mediano plazo. Por lo tanto, el actual proceso de desarrollo productivista desde el Estado no se plantea, al menos en la fase actual, como un proceso de superación capitalista de facto, sino más bien como una fase de transición en la que el acento de la política está más puesta en la generación de empleo y la moderación de la dependencia de las importaciones de bienes de consumo. A medida que han ido pasando los años, estos gobiernos han sido más conscientes de ello, y han comenzado también a llevar a cabo pequeños esfuerzos para desarrollar un tejido productivo propio.

Al Estado se le exige por tanto, ya no solo que sea un actor predominante en la capitalización de los beneficios con el fin de generar una redistribución de la riqueza, sino que también dinamice la micro economía, operando como un agente “al servicio” del interés general, y rompiendo los monopolios de empresas. En Bolivia por ejemplo, el Estado ha fomentado la aparición de empresas publicas dedicadas a exportar y distribuir los productos manufacturados bolivianos (hasta el momento sometidos a la voluntad del mercado) o a importar productos a “precios justos” rompiendo de este modo el monopolio que ejercían algunas empresas privadas que podían subir el coste del producto a su voluntad; generando un obvio beneficio para los productores nacionales. Y lo ha hecho además, rompiendo la lógica del capital, porque cuando el Estado importa una máquina costosa, por poner un ejemplo, la pone al servicio no de las corporaciones, como se hacía antaño, sino a disposición de las cooperativas del país; fomentando una generación colectiva de la riqueza y también, otra escala de valores fomentada en un trabajo colaborativo y comunitario. Detrás de esta estrategia no hay solo un intento de un cambio productivo macroeconómico sino también, un proyecto profundamente democrático y también el fomento de un nuevo paradigma de valores.

A nivel internacional, decíamos que se asume una economía globalizada y por lo tanto, se busca también caminar hacia una nueva relación entre los pueblos: el ALBA, el Mercosur, la UNASUR, o la Comunidad de Estados de América y el Caribe, entre otras, son iniciativas que ponen de relieve –con mayor o menor éxito, y grado de desarrollo- que Latinoamérica no necesita, ni quiere, seguir dictados occidentales y apuesta por una nueva relación solidaria entre los pueblos.

A pesar de ello, y aunque sea con cierta resignación, las economías de dichos países deberán centrarse estratégicamente en el valor de sus materias primas. A nivel internacional, es así por la función que tradicionalmente han desarrollado en el sistema capitalista mundial -más agraviado ahora por el momento por el que transita la economía mundial- que les exige energía y materias primeras para incentivar el desarrollo de los países del capitalismo central. A nivel nacional, también será así porque sería iluso pensar que es posible cambiar los modelos y patrones productivos de un país en un par de legislaturas. Este es un proceso de medio-largo plazo que requiere de una enorme inversión (estatal) que lo promueva y fomente, garantizando niveles aceptables de bienestar y de las condiciones materiales (nutrición, vivienda y formación, entre otros) y otra vez, la única manera que existe en Latinoamérica para financiarlo es la capitalización de los sectores estratégicos de sus economías.

Se quiere avanzar hacia sociedades más justas socialmente, más libres personalmente y hacia autodeterminación, valga la redundancia conceptual, más soberanas; pero asumir el modelo de desarrollo capitalista, ni que sea con tintes redistribucioncitas, continuará generando grandes costos sociales y ambientales, lo que sin duda constituirá uno de los elementos que problematizan a amplios sectores sociales e intelectuales, tanto dentro como fuera de Latinoamérica. El reto está servido.