El neoliberalismo iniciaba, a finales de los años setenta, la producción teórica sobre las funciones que debía desarrollar el Estado y la participación que éste debía tener en la economía, copando la agenda de la mayoría de los países capitalistas e impulsando una serie de reformas radicales tanto en la regulación del capital como en la relación entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de regular la vida colectiva.
En este contexto, es precisamente cuando se plantea la descentralización como una estrategia bajo la cual la construcción Estatal responde a criterios de gestión supuestamente más flexibles, superando ese viejo Estado, caricaturizado como tan gigantesco como ineficiente y, por ende, supuestamente más democráticos, porque respondían más eficientemente las demandas de su ciudadanía.
Durante estas últimas décadas, el interés y la promoción de los organismos internacionales por esta temática ha sido creciente, desarrollándose profundamente en los sistemas políticos, también en Latinoamérica. La USAID -órgano de ayuda internacional del gobierno estadounidense-, ha promovido por ejemplo, la descentralización a lo largo y ancho del planeta durante los últimos 20 años. De hecho, esta institución y el Banco Mundial han auspiciado la producción de un gran volumen de literatura sobre la descentralización. Casi toda ella proveniente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Berkeley, uno de los más importantes “think tanks” o grupos pensantes de académicos, que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos y el Banco Mundial.
Durante estos años se trató esencialmente de promover un tipo de descentralización de tipo administrativo gracias al cual se diluía la responsabilidad del Estado. Surgía entonces la figura de los gobiernos subestatales locales (municipios) o regionales en quienes el gobierno central delegaba una serie de funciones, promoviendo una competencia muchas veces desmedida por acceder a los recursos tanto públicos como privados.
Sin embrago, la actual situación política de la mayoría de los países latinoamericanos pone de relieve que la figura del estado vuelve a cobrar un peso central en la realidad cotidiana de los ciudadanos, a contrapelo de lo propuesto por el Banco Mundial y el FMI.
El discurso de la descentralización, como una mera herramienta de gestión no se muestra útil para lo que la derecha y los empresarios necesitan –ya que en muchos de los casos estos espacios no están dotados de poder y competencias-, pero se muestra como un espacio apropiado para desarrollar un proceso de repolitización, como un elemento idóneo en el que centrar la discusión sobre la forma de distribución del poder económico y político, y ya no sólo como un tema administrativo. La nueva forma de entender la descentralización que se muestra a su vez, como una nueva estrategia para afrontar con más garantías la profunda crisis por la cual atraviesa el sistema de partidos. Es precisamente en este contexto que hay que situar el abanderamiento por parte de la derecha latinoamericana de los regionalismos como una forma de plantarle cara a los nuevos gobiernos populares que se levantan en los diversos países: en Venezuela emergen Zulia o Tachira; en Bolivia, las regiones conocidas como la Media Luna; en Ecuador, la región de Guayaquil levanta también su bandera. Incluso en Argentina, algunos sectores de empresarios agroindustriales le muestran sus dientes a los Kirchner amenazado con romper el federalismo.
La descentralización se muestra como una estrategia coherente entonces con la necesidad de minar el poder y protagonismo de los gobiernos estatales –hasta la fecha vistos por la derecha y los empresarios, como invencibles- y como un discurso potente para ocultar la defensa de los privilegios de unos pocos bajo supuestas históricas demandas de autonomía regional. Estrategia que cuenta con importantes aliados tanto de Estados Unidos y como de distintos gobiernos europeos, dispuestos incluso a financiar y defender el aumento de las competencias de los entes subestatales que en sus propios países serían absolutamente impensables.
Fuera de este escenario, y obviamente al margen de las grandes discusiones promovidas en los foros internacionales, tanto Venezuela como Bolivia pretenden avanzar en una descentralización que de cuenta de lo que algunos teóricos llaman “la nueva geometría del Poder”. La discusión sobre la descentralización / centralización es en realidad una discusión sobre las formas de distribución de poder (sea político, económico u de otra índole) y en cada uno de estos siempre hay un grado de poder social. Por tanto, esta discusión, vista desde la perspectiva del poder, se vuelve una discusión sobre las facultades de los sujetos sociales, particularmente: para la toma de decisiones; para la disponibilidad y asignación de recursos; así como sobre el número de instancias que se les subordinan o a las que queda subordinada a la actividad económica de la que estemos hablando.
Lo central a partir de esta definición está entonces en como participan del poder los diferentes sujetos sociales, y no se trata sólo entonces de fijar normas administrativas sino que de un reto eminentemente político.
Bajo este prisma es necesario analizar los avances en Venezuela de los Concejos Comunales -órganos de descentralización del poder a nivel comunal- que buscan sobrepasar el “viejo” esquema de estructuración del Estado a través de los municipios. O en el caso Boliviano en que, gracias a la aprobación de la última Constitución, el reconocimiento del Estado plurinacional que concede derechos políticos (y también los asienta territorialmente) a las 36 naciones que pueblan el país, sobrepasando con creces los estrechos márgenes propuestos por terratenientes del oriente boliviano quienes exigen la gestión económica de 4 regiones.
Lo que está en juego en definitiva, dista de una pelea conceptual sobre lo que se entiende por descentralización; se trata de una pelea política central en la cual se define la posibilidad de implantar una forma de distribución del poder para aumentar el protagonismo de los sujetos y movimientos sociales o de una mera estrategia de defensa de los privilegios de unos pocos.
