El presidente de La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador anunció tras la finalización de su asamblea, retomar las movilizaciones, reafirmando que su lucha no tiene como principal objetivo hacer caer al presidente Correa sino que “Nosotros queremos un país para todos, no sólo para un sector privilegiado. El pueblo indígena siempre ha sido marginado a lo largo de la historia y si la CONAIE busca la movilización, no es para buscar el poder, es para buscar la revolución popular, una revolución para todos”. De todos modos, Marlon Santi presidente de la CONAIE, reconoció que las movilizaciones indígenas podían tener como consecuencia que el presidente fuera depuesto aunque “Si el señor Presidente se cae será porque el pueblo lo decidió de esa manera”. La CONAIE denuncia que el gobierno no ha cambiado ni en su socialismo del siglo XXI, ni en su revolución ciudadana, ni un ápice del estado colonial y el neoliberal.

Por su parte, el presidente Correa anunció que no piensa dejar que los indígenas avancen en su plan separatista e hizo un llamamiento al “levantamiento de todo el pueblo ecuatoriano contra estas actitudes, ya no podemos aceptar esta clases de cosas en el Ecuador moderno, plurinacional del siglo 21”

A pesar de ello unos 2000 indígenas marcharon por las calles de Cuenca iniciando la “movilización progresiva” anunciada por la CONAIE como rechazo a la Ley de Minería y del Proyecto de Ley de Recursos Hídricos porque “deja la puerta abierta” a que las compañías mineras tengan la concesión sobre el agua, aspecto que perjudicaría no sólo a las comunidades, sino también a todo el ecosistema hídrico.

Se constituye el quinto poder

Tras seis meses de trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), denominado popularmente como el ‘Quinto Poder del Estado’, escogió sus 14 integrantes a través de un concurso de méritos y oposición. La Asamblea Nacional posesionó a los miembros del CPCCS, y tal como establece el Art. 40 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de los primeros cinco días de trabajo se eligió a Juana Miranda como presidenta y a Fernando Cedeño como Vicepresidente. Además se escogieron a David Rosero, Patricia Ordeñana, Luis Pachala, Mónica Banegas y Andrea Rivera como vocales principales y William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno, como sus suplentes.

A través de varias comisiones de selección y veedurías ciudadanas integradas por cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de organizaciones sociales y de la ciudadanía el CPCCS deberá elegir, tal y como se establece en el artículo 208 del Capítulo 5 de la Constitución: al Fiscal, al Procurador, al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los miembros del CNE, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura y a los superintendentes.

La CONAIE e Izquierda democrática pidieron repetidamente que el proceso selectivo fuera declarado nulo, pero no fue hasta que el mismo día en que se anunciaba la resolución de los 14 integrantes del CPCCS, que un conjunto de ocho ciudadanos pidió a la Corte Constitucional que se posicionara al respecto. Para Milton Castillo, uno de los impulsores de la acción, el proceso planteado es de expresa inconstitucional en los artículos 29, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, y al Art. 25, literal g, del Reglamento puesto que “Las normas se refieren a la imposibilidad de que, aun cuando haya irregularidades en el procedimiento, haya cómo apelar de ellas y eso violenta derechos fundamentales consagrados en convenios internacionales y en la Constitución”

Baile de carteras

El presidente sorprendió a todo al anunciar que había decidido "Solicitar la renuncia de todos los ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios para que el Presidente, con ciertos miembros del buró político, tengan la libertad de hacer los reemplazos que consideren necesarios". Después que estas se presentaran Correa aceptó la renuncia del que fuera ministro de Industrias y Productividad, Xavier Abad. La salida de Abad se debería a la falta de acuerdo entre este y el presidente en materia de Política Industrial, y más concretamente sobre la eliminación de la importación de determinados productos y debido a los desacuerdos sobre un programa estatal para a universidades privadas desarrollen planes industriales. La aceptación de su renuncia era conocida por los medios antes que se produjera debido a la demanda que le hizo el mandatario para que no asistiera a la última reunión del Ejecutivo. También se aceptó la renuncia del que hasta el momento fuera el ministro de educación Raúl Vallejo, y el de Justicia Néstor Arbitro, cargos que fueron ocupados por Gloria Vidal y José Serrano, respectivamente. En el caso de Vidal, su pronunciamiento no satisface a la UNE que ven en ella una política muy continuista.

Por su parte, Juan Sebastián Roldán, ex subsecretario de Gobierno, fue posesionado como titular de la Secretaría Nacional de Transparencia, ocupando el puesto dejado por Serrano. El exministro Coordinador de la Política, Diego Borja dejará su puesto para irse al Banco Central del Ecuador (BCE), mientras que Katiuska King, ocupará las funciones de Coordinación de Política Económica y Jorge Glas pasará del Ministerio de Telecomunicaciones a la Coordinación de los Sectores Estratégicos. El lugar de Glas, a su vez, lo ocupará Jaime Guerrero, ex titular de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel).

Verónica Sion, que dejó el Ministerio de Turismo y fue designada a Industrias y Competitividad, intercambio cartera con Vinicio Alvarado que quedó como ministro encargado de Turismo.

La ex concejala de Quito Ximena Ponce, que fue escogida ministra de Inclusión Económica y Social y María de los Ángeles Duarte, ex candidata a alcaldesa de Guayaquil, fue nombrada ministra de Transporte y Obras Públicas, en reemplazo de David Ortiz.

A pesar de los cambios, sorprende que Correa no sustituyera a Marcela Aguiñaga, ministra de medio ambiente, el hermano de la cual enfrenta un proceso judicial por la legalización de matrimonios entre cubanos y ecuatorianos; y, ratificara a Caroline Chang, ministra de Salud Pública, imputada por un supuesto sobreprecio en la compra de ambulancias.