Después que el gobierno de Ecuador encargara una auditoria externa sobre la Deuda externa del país [*], el documento resultante confirmó que solo el 20% del total de la deuda se había dedicado a proyectos de desarrollo, mientras que el 80% restante correspondían a refinanciamientos.

El aumento de las tasas de interés se incrementó particularmente a través de “refinanciaciones” de la deuda comercial que se realizaron a partir de 1983 (ERA 83, ERA 84 y MYRA) y significaron el pago directo al exterior de Pagarés y de obligaciones de “Contratos Originales” de entidades públicas y gobierno. Además, se señala que incluso se ocultaron documentos por cierto periodo y se verificó que las garantías Colaterales (US$ 724 millones) fueron utilizadas para otros fines indebidos, luego de ser depositados en una cuenta en el exterior, en Salomón Smith Barney, que no fue contabilizada en el Ecuador, ni por el Ministerio de Finanzas ni por el Banco Central.

El informe señala que los organismos multilaterales, la banca extranjera (Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JPMorganChase) y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de “reestructuración” no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador, provocando desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior.

Como consecuencia, y según el jefe de Estado, el proceso de endeudamiento público entre, 1976 y 2006 benefició al sector financiero y a empresas transnacionales y afectó visiblemente los intereses de la nación, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales, por lo que “Esto constituye actos lesivos a la dignidad de la Nación y constituyen violaciones a la Constitución y Leyes de la República del Ecuador. La evidencia obtenida, demuestra la violación continua de la Constitución, Código Civil, Código de Comercio, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Consultoría, Ley de Contratación Pública, entre otras”. En este sentido, la ministra de finanzas, María Elsa Viteri, declaró que Ecuador buscará todos los mecanismos para no pagar la deuda externa, “ilegal e ilegítima”. De momento, el ejecutivo, se acogió a la mora técnica para no pagar los intereses de los Global 12, que debía pagar el 15 de noviembre, mora que significará que el país tenga que afrontar un pago adicional del 1%.

Por su parte, los los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a los que también se sumó Paraguay (que también anunció una auditaría de su deuda externa) apoyaron la decisión de Ecuador.

Una de las primeras consecuencias que ha generado el anunció del gobierno ecuatoriano de no hacer frente al pago de la deuda externa ha sido una escalada de desencuentros con el ejecutivo brasileño.

Antes que se hiciera pública la posición del gobierno ecuatoriano, las relaciones con Brasil empezaron a enrarecerse como consecuencia de la renegociación de los contratos de las empresas extranjeras que extraían petróleo en territorio ecuatoriano, algunas de ellas de capital brasileño. En medio de este contexto, hay que situar el conflicto a raíz de la central hidroeléctrica de San Francisco. Construida por la brasileña Odebrecht y inaugurada en junio pasado, la instalación dejó de funcionar a principios de año, debido a problemas estructurales. Como respuesta, el presidente Correa exigió a la multinacional que indemnizara a los ecuatorianos y la amenazó de expulsarla del país en caso contrario (según la Controlaría el monto que debía la empresa ascendería a un total de 97,3 millones USD). El conflicto empezó a subir de tono cuando finalmente se decidió militarizar las obras y las infraestructuras que controla Odebrecht (los proyectos a ejecutar de dicha empresa ascienden a más de 800 millones y además tiene a su cargo la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilaton, el aeropuerto de Tena y los proyectos hidrológicos Carrizal-Chone y Baba), para impedir que sus ejecutivos abandonaran en país y Correa cuestionó la deuda de 286,8 millones de dólares contraída con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para financiar la hidroeléctrica.

Ante la controversia jurídica, el Gobierno ecuatoriano presentó una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para frenar el pago del crédito a lo que el Ejecutivo brasileño decidió llamar a consultas a su embajador en Quito.

Después de lamentar la decisión del mandatario brasileño, Correa descartó la suspensión de la compra de los aviones súper tucanos a Brasil, asegurando que las aeronaves pueden ser adquiridas a otras partes del mundo. En el fondo del conflicto, y tal i como señalaba el mandatario ecuatoriano encontramos una relación comercial desigual. Según Correa, “La balanza comercial con Brasil tiene un déficit de 702 millones de dólares, nosotros por la integración regional siempre buscamos privilegiar los mercados regionales, pero podemos comprarlos, e incluso el avión presidencial, a otra nación. Así que lamentamos mucho la posición de Brasil, pero somos un país soberano, y no permitiré que se estafe al país”, añadió.

Los ejecutivos suramericanos están esbozando unas relaciones más solidarias entre los diferentes países de la región. Bajo esta convicción, se está empezando a vislumbrar ciertas tensiones con Brasil (no sólo con Ecuador sino también con Paraguay), país al que no le acepten que intente imponer su hegemonía en la zona de facto. Bajo esta perspectiva, en la que Ecuador persiga desligarse de su brasil-dependencia habría que situar la ampliación y profundización de sus relaciones con otros países, como los Estados Unidos e Irán.

En el caso estadounidense, la llegada anunciada de Obama, hubiera significado la realización de cuatro sesiones preparatorias bilaterales para impulsar diversos temas prioritarios de interés recíproco:

1.- Medidas para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. En este punto, la secretaria de Estado afirmó que Estados Unidos está comprometido en apoyar los programas del Plan Ecuador, que se ejecuta como estrategia de desarrollo para la paz en la frontera norte. Dijo además que dicho gobierno está dispuesto a apoyar iniciativas que Ecuador plantee con el fin de fortalecer el sistema financiero nacional.

2.- Facilitación del comercio y las inversiones, donde -entre otras cosas- los gobiernos  de Ecuador  y Estados Unidos planean fortalecer a las pequeñas y medianas empresas a través de capacitación, desarrollo  y acceso al crédito, permitiéndoles una mejor inserción en el mercado.

3.- Cooperación y asistencia técnica, con el fin de alcanzar altos niveles de desarrollo humano. En este punto, Salvador manifestó que Estados Unidos tiene interés en trabajar temas como: energía renovable, desarrollo sostenible y cooperación y asistencia judicial.

4.- Asuntos migratorios, donde se analizará la protección de los derechos de los migrantes y la  reducción de costos en envío de remesas. También este punto tratará la búsqueda de mecanismos de seguridad en los documentos de viaje y el combate a la trata y al tráfico de personas.

Ante el anuncio del ejecutivo, miles de personas marcharon hacia el palacio de gobierno y en la provincia de Zamora Chinchipe (sur del país), grupos de campesinos cerraron algunas vías y tuvieron leves enfrentamientos con la Policía sin que se produjeran heridos; denunciando que la ley favorecería a las multinacionales extractoras y algunos miembros de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) calificaron a su administración como “el gobierno más neoliberal de la historia” y de “genocidas” Por su parte, el Mandatario indicó que no permitirá que grupos minoritarios que no representan a nadie impongan su agenda en función de sus intereses “uno de los mayores problemas del país ha sido que grupos minúsculos que no representan a nadie pero con la fuerza han impedido cualquier agenda o proyecto en el país” y declaró que su voluntad es la de apoyar al movimiento indígena,  pero “un movimiento indígena con visión histórica” con bases sociales similares al que nació en la década de los noventa y no a un movimiento cuyos dirigentes han perdido la brújula y le hacen el juego a los sectores que tanto han criticado históricamente como la derecha a la que la actual administración combate.

---