Después de que se confirmara la existencia de crudo bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní -una de las reservas más importantes de biodiversidad en el planeta- el Presidente Rafael Correa presentó la decisión de mantener el oro negro indefinidamente bajo tierra, priorizando los valores sociales y ambientales y explorando otras formas de beneficiar económicamente al país, siempre que la comunidad internacional compense al país con más de la mitad de las rentas que obtendría de dicha explotación.
Las reservas del ITT están ubicadas en el sector nororiental del Parque Yasuní donde conviven las naciones originarias de los tagaeri, taromenane y oñamenane, que forman parte de la nacionalidad huaorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante. A nivel ambiental, las reservas del ITT se encuentran bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.
Con la aprobación de la Constitución política de Montecristi, se reconocen los derechos del Buen Vivir y los derechos de la Naturaleza y por lo tanto, la normativa Nacional exige tanto la protección de los grupos humanos como la conservación de esos ecosistemas. Esto incluye las normas sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, las leyes y reglamentos nacionales sobre protección ambiental, áreas protegidas (la UNESCO la declaró Reserva Mundial de la Bioesfera en 1989) y los citados Derechos de la Naturaleza.
El proyecto de conservación de Yasuní-ITT aprobada en abril pasado, pretende evitar la emisión de 410 millones de toneladas de CO2 por lo que el ejecutivo se compromete a no explotar los 850 millones de barriles de crudo. A cambio, Ecuador emitirá certificados de garantía Yasuní CGY que si son aceptados por los países europeos serían adquiridos como si fueras bonos de carbono negociados en mercados internacionales (con un coste parecido al del petróleo), ingresos que se dedicarían a la Protección de los Parques Nacionales y a la reforestación, el desarrollo de los pueblos originarios y la generación de la energía limpia. La lógica de esta política sería pues que la emisión de gases contaminantes globales (generalmente de los países occidentales industrializados) serán compensados por la “compra” de medidas compensatorias en los países del sur y con el dinero que ingrese Ecuador se realizaran proyectos de protección de los parques naturales.
A mediados del 2008 el parlamento alemán ya respaldó la iniciativa ecuatoriana y recomendó a otros parlamentos europeos que siguieran su ejemplo apoyando financieramente la propuesta ecuatoriana, actuación que han seguido distintas instituciones públicas y privadas de Europa y Estados Unidos.
Desarrollismo y comunidades
Por otra parte a principios de mayo, el Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador, a través de la Resolución N° 080-CAD-2009-04-20, disponía el reinicio de “las operaciones determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la Región Amazónica”. Ante este acto legislativo, las comunidades kichwa de sarayaku, la nacionalidad achuar y la nacionalidad shuar (fipse-ficsh) reafirman su posición de resistencia, frente a la última disposición del gobierno ecuatoriano de la apertura a la exploración petrolera del bloque 23 y 24 de región amazónica. Según recuerdan estas comunidades, las empresas CGC y Burlington “son empresas que han atentado contra la vida, y el territorio de nuestro pueblos, violando los derechos humanos y específicamente los derechos indígenas que están vigentes en los convenios y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”. Cabe recordar, además que en 1998 el Tribunal Constitucional reconoció que la empresa Burlington violó los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Bloque 24 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado Medidas Provisionales a favor de los pueblos afectados por el Bloque 23. Ante esta medida, las comunidades se declararon en máxima alerta en defensa de la vida, la biosfera y los territorios amenazados de la amazonía.
Mobilización sindical
La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), integradas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al decreto presidencial 1701, emitido por el presidente Correa, el pasado 30 de abril.
Los trabajadores exigen a Rafael Correa que deje insubsistente este decreto ejecutivo porque al revisar los contratos colectivos elimina derechos como la antigüedad, el subsidio familiar, el subsidio de transporte y otras conquistas alcanzadas vía contratación colectiva.
Emergencia del movimiento de mujeres
El 28 de mayo un grupo de mujeres que reivindicaban la despenalización del aborto desplegaron una tela con el teléfono de Salud Mujeres en el faro de Guayaquil. El acto que contaba con el apoyo de las organizaciones En Blanco y Negro, Colectivo Mujeres Diversas, Cooperativa Detodas, Corporación Utopía, Diabluma, Fundación Causana, Fundación Yerbabuena, Indymedia – Ecuador, Movimiento Colibrí, Movimiento de Mujeres del Oro (MMO), Movimeinto de mujeres populares, Luna Creciente, Mujeres Ideas y Acción (MIA), Radialistas Apasionadas y Apasionados, Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE), Red de Salud de Mujeres de Latinoamérica y El Caribe, Ecuador y Sendas; tenía como principal objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la situación que viven las mujeres que se enfrentan a abortos practicados de manera clandestina y en condiciones insalubres, compartiendo de esta manera la información difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones especializadas en salud sexual y reproductiva.
La base de Manta podría cerrarse
En agosto de 1998 el que fuera entonces presidente de Ecuador, el democristiano Jamil Mahuad, dolariza la economía ecuatoriana y permite, en el marco del Plan Colombia, que los Estados Unidos construyan la base naval de Manta. Ambos países suscribieron este acuerdo por un período de diez años (y, por lo tanto el contrato debería finalizar este noviembre). Des de la llegada al poder de Correa, el mandatario ya anunció que su intención era la de retirar la base del territorio nacional y más ahora, momento en que han surgido a la luz excesos de los militares con originarios, denuncias de violaciones y apropiaciones de barcos de lugareños.
