La dureza analítica de los periodistas al atacar a la dictadura cubana, o al indigenista Evo Morales, encuentra, menudo, una batería de argumentos proporcionados por diligentes jueces de los tribunales españoles.

Por ello no extraña el rol jugado por los jueces y periodistas en el caso de Venezuela. Durante semanas el ejercicio comunicacional, apoyado en supuestas evidencias fruto de pesquisas judiciales, fue el publicitar las “probadas” relaciones del gobierno de Chávez con la ETA.

Todo un andamiaje al cual, hábilmente Chávez respondió indirectamente con la visita del Primer Ministro Putin a Caracas. "Tenemos un banco de información muy bueno sobre los que ayudan al terrorismo y nunca tuvimos un indicio de que Venezuela apoyase el terrorismo", señaló Putin, enterrando al instante un debate en el que se expuso la fragilidad de la argumentación española.

Pero más allá de responder a la “guerrilla” externa que busca mantener una presión internacional que impida la expansión del chavismo, la preocupación del gobierno venezolano está centrada en las próximas elecciones de septiembre.

El parlamento venezolano es unicameral con 165 integrantes, pese a que por razones excepcionales la actual tiene 167, elegidos cada cinco años, a diferencia del presidente de la República que tiene un mandato de seis años.

En circuitos nominales se eligen 110 diputados, otros 52 en listas de los 23 estados y el Distrito Capital en que se divide el país, y tres bancas se reservan para los pueblos indígenas.

En los comicios parlamentarios de 2005, la oposición desistió a última hora de participar aduciendo desconfianza en las autoridades electorales, por lo cual todas las bancas quedaron en manos de candidatos que se presentaron como partidarios de Chávez. Pero desde 2007 una docena de ellos se han declarado opositores o independientes.

Según estimados opositores, este sector tiene la posibilidad de ganar un mínimo de 40 de los 165 diputados, pero podría llegar hasta 80, cercano a la mayoría simple de 83, a partir de lo cual comienzan a sacar cuentas con posibles deserciones "chavistas".

En este caso se apuntan las aspiraciones de atraer a diputados del pequeño Partido Patria para Todos (PPT), un tradicional aliado del PSUV ahora en disputa con Chávez, con lo cual se convertiría en un partido "bisagra" capaz de inclinar la balanza parlamentaria.

"Son elecciones cruciales, porque si la oposición gana se dedicará a desestabilizar al país. Ellos no vienen a trabajar, vienen por mí, para desmontar las leyes revolucionarias y los programas sociales", planteó Chávez.

Asesinan a otro dirigente del PSUV

Otro dirigente del PSUV fue asesinado en Táchira. La víctima, Jorge Enrique Medina Delgado, de 51 años, iba conduciendo en coche cuando fue interceptado por dos individuos a bordo de una moto, quienes le detonaron varios disparos. Su esposa, que lo acompañaba en aquel momento, resultó herida de dos impactos de bala.

Este caso se suma al de Junior Hermosos, otro militante del PSUV de 23 años, que fue asesinado en Caricuao. El padre de la víctima aseguró que lo mataron simplemente por ser chavista. La muerte se produjo cuando Junior se encontraba instalando un punto de reinscripción y actualización de datos de los militantes del partido. El asesino se acercó a la víctima y sin mediar palabra le propino tres disparos mortales.

En relación a los recientes asesinatos de dirigentes socialistas, Chávez convocó a los partidarios del proceso revolucionario a estar alertas y movilizados contra las maniobras subversivas.

“Llamo al pueblo a seguir adelante, sé que el pueblo no tiene miedo. No lograrán chantajearnos ni atemorizarlos, porque se trata de construir la patria de nuestros hijos”, sentenció.

Por su parte, Omar Pérez, integrante de la Juventud del PSUV, dijo que esta nueva muerte y los recientes asesinatos de estudiantes bolivarianos, sindicalistas revolucionarios y militantes en general no amedrentarán la lucha por la Venezuela socialista.

Comunidades indígenas denuncias paralización de entrega de tierras

El proceso de demarcación de tierras indígenas se encuentra prácticamente paralizado. En los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, entidades con mayor población y diversidad indígena, el avance ha sido prácticamente nulo.

Entre 2005 y 2009 se han otorgado 40 títulos de propiedad colectiva, por un total de 1.000.516 hectáreas , beneficiando a 73 comunidades, lo que representa el 3% de las 2295 comunidades indígenas del país. A un promedio de 14,6 comunidades tituladas por año, la demarcación podría demorar unos 150 años en completarse.

El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena , el ejecutivo nacional conmemoró en la Sierra de Perijá con la entrega de cuatro títulos de propiedad colectiva de tierras a los sectores Aroy, Shirapta y Tinacoa del pueblo Yukpa (Sierra de Perijá, estado Zulia), por un total de 41.630 hectáreas y a la comunidad Palital del pueblo Kari´ña (estado Anzoátegui)6 , con una superficie desconocida.

Luego de tal evento , el Cacique Kari´ña José Luis León de la Comunidad Palital , consignó un documento de denuncia sobre las irregularidades que presenta el "Título de propiedad". Su denuncia plantea que no se respetaron las poligonales aprobadas en asamblea comunitaria y acordadas con la Comisión Regional de Demarcación. Además , denuncia directamente a Sergio Rodríguez, Viceministro de Ordenación del Territorio del Ministerio del Ambiente, como responsable de estas irregularidades. Finalmente, solicitan "al Poder Ejecutivo, a la Defensa Pública , a la Defensoría del Pueblo, y al Tribunal Supremo de Justicia, dentro de sus competencias, tomar las medidas administrativas o judiciales, a los fines de que sea revisado el contenido del documento reflejado en el título". A raíz de sus denuncias, José Luis León es objeto de hostigamiento por parte de la Guardia Nacional.

La falta de garantías sobre sus territorios permite, por ejemplo, la invasión de tierras del pueblo Pemón en Santa Elena de Uairén, por parte de unos 300 ocupantes auspiciados por autoridades municipales, a los que concedieron permisos provisionales de ocupación. Esta situación irregular ocasionó un conflicto de propiedad, que terminó en el enfrentamiento entre indígenas e invasores en el 2009.