Al igual que en otros países del continente Venezuela nuevamente enfrenta un tensionado escenario político interno. La estrategia de Chávez de una revolución democrática en permanente estado de ratificación, hace que no puedan pasar más de 12 meses sin que exista una votación trascendente para el futuro del proceso político.

Pasadas las votaciones municipales, en donde el gobierno, si bien salió victorioso a nivel nacional, también tuvo sentidas derrotas en sectores claves del país, el referéndum para permitir la reelección presidencial es asumido como un momento que permitiría ratificar que el chavismo, como proceso ha logrado revertir algunas de las razones del fracaso en el referéndum constitucional de finales del 2007.

Por ello ha existido una gran tensión hacia las organizaciones sociales del país con el fin de que se involucren directamente en el proceso electoral. El análisis de la derrota del 2007 apunta directamente al factor de la baja participación como uno de los ejes del fracaso. Es necesario recuperar los casi 3 millones de votantes que se quedaron en sus casas en las pasadas votaciones.

Para el proceso, más allá de las diferencias entre las distintas alternativas sociales y políticas, un golpe directo contra Chávez es inadmisible, ya que reviviría a una derecha que en las últimas semanas ha demostrado seguir teniendo condiciones materiales para movilizar a sectores estudiantiles en las calles de Caracas.

El llamado ha sido enérgico. En palabras del es vicepresidente de Venezuela “ahora esa oposición tramposa, empeñada en convertir un evento normal en oportunidad para atentar contra el orden constitucional, lo intenta utilizando a grupos estudiantiles en acciones de calle que rememoran las inefables acciones de los años del desprecio, 2002-2003. O bien retornando a la peligrosa práctica de tocar a la puerta de los cuarteles en plan sedicioso”.

Nadie, ni las encuestas, ni la oposición prevé una derrota que impidiera la reelección del Chávez. La apuesta de la derecha se ubica más bien en la baja participación y en demostrar que la población es cada día más indiferente a los llamados del presidente. Esto daría pie a una estrategia de desgaste democrático que le permitiría a la derecha volver a golpear, aprovechando un contexto de crisis económica mundial, que sin duda, de una forma u otra afectará al gobierno de Venezuela y sus políticas de redistribución del ingreso a través de las políticas públicas.

Denuncia el FNCEZ: 18 detenidos y 350 familias campesinas desalojadas de tierras del Estado usurpadas por Rosales

Dieciocho campesinos se encuentran detenidos en el Zulia y trescientas cincuenta familias campesinas han sido desalojadas violentamente de asentamientos y fincas adquiridas por el ex Gobernador anti chavista Manuel Rosales, con dineros del pueblo, según lo afirman los pobladores.
La denuncia la hacen voceros del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), quienes acusan a la Policía Regional del Zulia, a su Director Jesús Alberto Cubillan, al Gobernador, Pablo Pérez y sobre todo a Manuel Rosales, por arremeter contra doscientas familias campesinas de una finca y ciento cincuenta de otra, y por llevarse detenidos a dieciocho personas de estas comunidades.

Voceros del FNCEZ refieren que Manuel Rosales ordenó proceder así después de que compró, con dinero del Estado, ocho fincas ubicadas en el Municipio Sucre del Estado Zulia.

Entre ellas se incluye la finca San Miguel, con doscientas familias asentadas con los procedimientos legales que corresponden a una ocupación campesina. La policía del Estado Zulia arremetió contra estas familias, golpeando a las mujeres y quemando sus casas en la citada finca, después de que sus pobladores dedicaron más de dos meses a denunciar que esa propiedad la compró con dinero del pueblo, el ex Gobernador Rosales, quien ahora viola los derechos humanos de las numerosas familias, a quienes dejó sin nada.

También denuncian una arremetida en la finca Santa Teresa, cercana a la anterior, donde vivían ciento cincuenta familias más desde hace dos meses. Los informantes campesinos aseguran que son tierras propiedad del Estado y que el procedimiento del desalojo es ilegal, sin un tribunal de niños y adolescentes, sin defensor público o fiscal, sin orden judicial de desalojo. Fue allí donde la policía se llevó detenidos a dieciocho campesinos, dejando pasar largo tiempo antes de pasarlos a la Fiscalía.
Varios centenares de personas se han presentado a protestar ante la Policía Regional del Zulia, exigiendo la liberación de los presos y que se restituyan sus derechos, además de denunciar la violación a los derechos humanos de que fueron víctimas los miembros de las trescientas cincuenta familias que hoy ya no tienen donde vivir.

Ola de despidos de la alcaldía de Maracaibo, saca los trabajadores a la calle

Más de 2.000 personas manifestaron frente a la Alcaldía de Maracaibo por las reivindicaciones de sus derechos laborales, por la falta de pago de cuatro semanas de salario, y la cesta ticket, el pago de la Convención Colectiva así como la ola de despidos que afecta a cerca de 4.000 personas en estos momentos.

Nerio López, secretario general del sindicato de trabajadores del barrido manual de desechos sólidos informó que la respuesta del Alcalde Manuel Rosales a la falta de pago y los cerca de 4.000 despidos es por que no tiene dinero. Agregó que a las personas les han pedido su renuncia amenazándolos de ser despedidos de no acéptalas y de no cancele sus prestaciones sociales.

López considera que esta estrategia se la han aplicado a todos los trabajadores de la Alcalde como medida de presión con lo que han logrado que mas de 2.000 trabajadores renuncien.

Por su parte la directiva de la Federación de Trabajadores del Estado Zulia “UNT- ZULIA” Lili Rincón manifestó que esta Federación se unen en apoyo a los trabajadores de la alcaldía por lo que calificó de brutal ataque a los trabajadores de Maracaibo.

Indicó que se han despedido, 600 orioles de la policía de Maracaibo, 300 Trabajadores de los Bomberos de Maracaibo, además hay 4.000 Promotores Sociales que asegura fueron engañados que si no renunciaban perderían sus prestaciones sociales.

Afirma que ya han renunciado 1700 promotores sociales, 25 de la biblioteca Nacional, 35 empleados de IMAU estos que ya solicitaron los reenganches y los salarios caídos.

Dice que el alcalde de Maracaibo desconoció la ley al despedir a pesar de existir en el país la inamovilidad laboral hasta el 31de diciembre de 2009.
También alertó al Ministro del Trabajo para que se dispongan un equipo de procuradores para atender estos trabajadores ya que pasan de 3.000 mil, “hay que hacer una planificación para no colapsar ese departamento”.