La ofensiva de Chávez luego de su última victoria electoral, parece estar recibiendo los primero golpes desde la derecha. Sin embargo, el cuadro parece ser singular. Disminuidas las posibilidades de agitación y desestabilización al interior del país, la derecha busca alianzas externas que le permitan golpear al proceso revolucionario venezolano, aunque sea de manera indirecta.

Al sorpresivo asilo político otorgado por el presidente Alan García del Perú, al corrupto líder de la derecha venezolana Rosales, se le sumó, en pocos días, la noticia de la votación del Parlamento Europeo, en el cual con sólo 27 votos (de más de 700), se aprobó una declaración que muestra la “preocupación” por el rumbo de la democracia en las tierras de Bolívar.

Hechos como estos han sido recogidos con grandes titulares por la prensa internacional. Particularmente, por el diario El País, reconocido medio de comunicación que nunca ha escondido su relación, cuasi carnal, con el PSOE español. En sus páginas y editoriales ya son comunes los ataques directos a Chávez y a su gobierno. Pareciera que al grupo Prisa, propietario de este medio, ya ni siquiera el interesa esconder su odio visceral por quien encabeza uno de los proceso de transformación social más profundos de Latino América.

Y es que, sin duda, la socialdemocracia europea, aliada a la derecha más rancia de Venezuela, ve con preocupación el hecho de que la llamada crisis este afectando de manera tan leve a la República Bolivariana. Hace algunos meses muchos analistas preveían un verdadero descalabro en Venezuela por la bajada del precio del petróleo. Según ellos, Chávez no podría sostener su “régimen” sin los petrodólares.

Sin embargo, con una tasa de desempleo en marzo de 2009 de 7,3%, y con la reciente baja de los precios de la pasta, el pan y la leche, los efectos de la crisis, si bien están presentes en la economía del país, parecen afectar sólo de manera relativa la realidad cotidiana de los venezolanos.

Incluso la poderosa empresa pública Pdvsa anunció que más de 21 mil trabajadores tercerizados (contratos precarios) pasaron a nómina (contratos indefinidos) en los últimos 3 años. Todo un símbolo cuando en el mundo las soluciones propuestas por el FMI plantean abiertamente más precariedad laboral, que no es otra cosa que promover el empleo basura como supuesta solución a la crisis.

Sicarios asesinan a dirigente sindical de la Toyota

Dirigentes sindicales de las empresas Chrysler, MMC, Ford, General Motors, Oci- Metalmecánica, Dana Structural Solutions, Dana Tuboauto, Dana Ejes y Cardanes, Troquenal, Filtros Wix, Lear, Metalcar, Mamusa, Vivex y Macusa unieron sus voces para denunciar el asesinato del dirigente sindical Argenis Vásquez, Secretario de Organización del sindicato SINTRATOYOTA de la planta ensambladora de Cumaná.

En momentos en que se aprestaba a salir de su residencia para entrevistarse con un abogado, en cumplimiento de sus actividades sindicales, fue asesinado a mansalva por sicarios que se desplazaban en un vehículo.

El asesinato de Argenis Vásquez se suma a los asesinatos de José Marcano de MMC, Pedro Suárez de Macusa en Barcelona y a los de los dirigentes de la UNT Aragua Richard Gallardo, Luís Hernández y José Requena.

Una seguidilla de crímenes que dan cuenta de la aguda lucha que se está desarrollando a nivel de las organizaciones sociales en Venezuela, que en el caso del movimiento de los trabajadores acumula tensiones que corren el riesgo de desbordar.

A las huelgas y pedidos de nacionalización de empresas, se suman las disputas entre los distintos referentes sindicales. De hecho en el pasado 1º de Mayo la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), encabezada por Orlando Chirino, no participó en la marcha oficial por que, según señaló “es el gobierno, sus ministros, sus funcionarios, su partido político, sus gobernadores y sus alcaldes, quienes hoy mantienen una brutal ofensiva sobre los trabajadores para que renuncien a los derechos que le pertenecen como clase social y que ha conquistado a lo largo de muchos años y duras batallas.”

Organizaciones denuncian proceso de criminalización de movimiento campesino

El movimiento campesino Jirajara denunció que ya son 1.507 campesinos desmovilizados en régimen de presentación acusados de invasores desde que entró en vigencia en el 2001 la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. En numerosas oportunidades, el movimiento campesino ha exigido la Enmienda de la disposición, que burocratizan y criminalizan la ocupación de tierras ociosas.

A ellos se sumarían los casos de los 7 campesinos procesados por ocupación ilegal en el Estado de la Portuguesa.

Los siete formaban parte de las 63 familias campesinas que se encontraban en el fundo El Rodeo (municipio Papelón, sector Papayito), en pleno proceso de recuperación, trabajando en conjunto con el Inti y el Fondas y que fueron asaltados por efectivos de la Policía Selvática del estado Portuguesa en un procedimiento “más parecido a una emboscada liderada por los propios terratenientes, fue llevado a cabo por la Policía Selvática del Edo. Portuguesa, cuerpo que tiene estrechas relaciones con hacedandos, según las denuncias de líderes de ese estado” como reporta el periódico Proceso en diversos portales de la red.

Tampoco se debe perder de vista el accionar de la Policía Selvática, creada por la ex gobernadora Antonia Muñoz, con la presunta intención de prevenir “crímenes de impacto ecológico”, pero que ha tenido una destacada actuación a favor de latifundistas y en contra del pueblo campesino, en un estado donde la criminalización es cuestión de tradición, si recordamos los diversos casos de Grupos Exterminios compuestos por integrantes de la Policía de Portuguesa en años anteriores. Y que, además, destaca una victoria a favor de Ismael Pena (se le calculan 13.000 hectáreas) y el latifundismo portugueseño.